La concentración de la tierra y del negocio ganadero en Argentina no es una novedad. Lo que indigna es su continuidad. Desde la época de las vaquerías coloniales, el Estado promovió —y sigue promoviendo— la riqueza de unos pocos, financiada con recursos de todos. Nunca hubo una política pública seria que impulse un emprendimiento estatal ganadero. La producción quedó en manos privadas, mientras el conocimiento científico generado por organismos públicos se traduce en renta para terratenientes y exportadores.

Los datos son elocuentes: apenas el 0,89% de los propietarios rurales detenta el 33,89% de la superficie agrícola, según el ya desactivado Registro Nacional de Tierras Rurales. Y 1.200 titulares —muchos extranjeros o radicados en guaridas fiscales— concentran más de 26 millones de hectáreas.

¿Y los impuestos? La recaudación por tierras rurales no llega ni al 0,5% del PBI. Se tributa más por patentes de autos que por hectáreas de las tierras más fértiles del planeta. A esto se suma una evasión feroz: frigoríficos denunciados por exportar carne “no apta para consumo” cuando en realidad era premium; ventas declaradas a la baja; uso de matarifes como pantalla. Todo con la complicidad de estudios contables, bancos y autoridades que miran para otro lado.

El Consorcio ABC, que maneja el 80% de las exportaciones de carne vacuna, también domina el mercado interno. Las reglas las pone un puñado de frigoríficos con terminales en los Braun, Riusech, Marfrig, Coto y Costantini. Deciden cuánto exportan, cuánto queda y cuánto pagamos por cada corte. Y ahora, gracias a Milei, tienen vía libre para exportar incluso los cortes populares que antes se reservaban para el consumo nacional.

¿Resultado? Consumo interno de carne al nivel más bajo desde 1920. Y una jubilación mínima que no alcanza ni para 30 bifes.

La “libertad” de unos pocos es el hambre de muchos. El Estado debe dejar de ser cómplice y empezar a ser actor. Crear empresas testigo, castigar la cartelización y recuperar el control de la cadena alimentaria. Porque no se puede vivir dignamente cuando la comida es privilegio y no derecho.