El Gobierno argentino atraviesa una instancia decisiva en la causa judicial por la nacionalización de YPF, que se tramita en los Estados Unidos. La semana pasada, el Estado presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera que tiene en su poder, en respuesta al fallo de primera instancia firmado en 2023 por la jueza Loretta Preska.

Este martes, el tribunal neoyorquino debe decidir si mantiene la postura de Preska —que no suspendió la entrega de los títulos mientras Argentina apela— o si acepta el pedido argentino, respaldado por el Departamento de Justicia de EE.UU., para postergar la medida. Entre las alternativas, la Corte podría no conceder la suspensión, otorgarla con garantías distintas a las acciones de YPF o concederla en su totalidad.

Si la resolución es contraria a la Argentina, el caso podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque es poco probable que sea aceptado, lo que colocaría al país en situación de desacato. Un escenario que complicaría seriamente las posibilidades del Gobierno de Javier Milei para conseguir financiamiento y afrontar los vencimientos de deuda por U$S10.000 millones previstos hasta 2026.

En ese contexto, la única vía para evitar la entrega de las acciones sería negociar un acuerdo con los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, beneficiario principal del fallo. Una instancia que la Argentina ha evitado desde que el litigio comenzó hace más de una década.