El invierno recién comienza en Argentina y ya se cobró la vida de nueve personas en situación de calle. Con estos casos, el número de fallecidos en lo que va del año asciende a 63, una cifra que, más allá de lo estadístico, representa vidas olvidadas, rostros anónimos y un drama que rara vez ocupa los titulares. La ola polar que azotó el país en los últimos días no solo trajo temperaturas bajo cero, sino que dejó al desnudo una vez más la indiferencia, la crueldad social y la desprotección de los sectores más vulnerables.

En ciudades como Mar del Plata, la tragedia se volvió aún más brutal. Bajo la gestión del intendente Guillermo Montenegro, se desplegaron medidas represivas y campañas mediáticas para expulsar a las personas sin techo de los espacios públicos, en un contexto de emergencia social agravada. A la violencia institucional se sumó la falta de respuestas concretas: en plena ola de frío, el suministro de gas colapsó y una persona murió en la vía pública, víctima no solo de las bajas temperaturas sino también de la desidia.

Mientras los medios saturaban la agenda con noticias sobre el corte de GNC, la falta de gas en las estaciones de servicio y la crisis energética en los hogares, las muertes en las calles quedaron relegadas a un segundo plano. En paralelo, empresas multinacionales como TotalEnergies y PlusPetrol redujeron la inyección de gas en los ductos nacionales, dejando a miles de familias sin calefacción mientras continúan exportando gas al exterior. El contraste es indignante: en la cuna de Vaca Muerta, corazón energético del país, los hogares se calefaccionan a leña y los incendios por sistemas precarios de calefacción son moneda corriente.

El panorama desnuda una contradicción profunda y dolorosa: Argentina bate récords de producción de gas, pero su población más vulnerable muere de frío. Las decisiones estratégicas en manos de corporaciones extranjeras profundizan una matriz colonial que, lejos de fortalecer la soberanía energética, perpetúa la dependencia y la desigualdad.

La historia del gas en Argentina recuerda otros tiempos, cuando desde el Estado se pensaban infraestructuras para el desarrollo nacional y la dignidad de los hogares. Desde el primer gasoducto impulsado en 1947 por Juan Domingo Perón hasta los años recientes donde se planteaban obras para el abastecimiento interno, existió una visión de país basada en la industrialización, el trabajo y la equidad social.

Hoy, en cambio, la narrativa dominante privilegia la exportación y la lógica de mercado, dejando a vastos sectores de la población librados a su suerte. El abandono estatal, la dependencia energética y la violencia institucional marcan un escenario de profunda crisis social y política. A las muertes por hipotermia se suman los riesgos de incendios, cierres de escuelas y la parálisis de industrias locales.

De cara a un nuevo 9 de julio, aniversario de la Independencia, la pregunta se vuelve inevitable: ¿de qué independencia hablamos cuando la energía que brota de nuestro suelo no calienta nuestros hogares y el hambre o el frío matan en las calles sin que nadie se conmueva?

A 208 años de la declaración de independencia, la realidad impone un desafío urgente: recuperar la soberanía política y económica para garantizar los derechos más básicos de nuestra gente. Porque como decía San Martín: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”. Y hoy, ser libres implica, ante todo, no dejar morir a nuestros compatriotas en el olvido y el abandono.