El Poder Ejecutivo avanza con un controvertido decreto que propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el objetivo de reducir las áreas protegidas y habilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas actualmente resguardadas.

La decisión, según argumentan desde el Gobierno, apunta a brindar “seguridad jurídica” a los futuros proyectos de inversión en esas regiones. La normativa vigente impide actualmente cualquier actividad industrial en zonas periglaciares —áreas montañosas con suelos congelados— que representan aproximadamente el 80% de los glaciares del país.

Las modificaciones permitirían a las provincias definir qué porciones del territorio podrán destinarse a industrias extractivas. A cambio, el oficialismo asegura que exigirá estudios de impacto ambiental y mantendrá restricciones para intervenir glaciares descubiertos y cubiertos. No obstante, desde la comunidad científica y organizaciones ambientalistas advierten sobre las consecuencias irreversibles que esta medida podría acarrear.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNC, el geólogo glacial e investigador del CONICET, Mateo Martini, subrayó el valor estratégico del ambiente periglaciar: “Son zonas clave para la conservación del agua y el equilibrio climático”, sostuvo. Desde la agrupación Jóvenes por el Clima, Nicole Becker fue más contundente: “No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más. Nuestra vida en la Tierra depende de ellos”.

Becker recordó que los glaciares argentinos —más de 16.000 registrados en el Inventario Nacional— se encuentran en retroceso por el calentamiento global. Como ejemplo, mencionó que el glaciar Perito Moreno perdió casi dos kilómetros cuadrados de superficie en apenas siete años. “Eso equivale a unas 320 canchas de fútbol”, graficó.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, declarando que su protección es responsabilidad compartida entre Nación y provincias. La normativa actual no sólo prohíbe la actividad extractiva en estos ecosistemas, sino que obliga a estudios de impacto y monitoreos continuos.

La propuesta oficial fue parte de las primeras versiones de la Ley de Bases, pero fue eliminada del texto final ante la falta de consenso legislativo. Ahora vuelve en forma de decreto, en un intento de abrir el camino a las inversiones extranjeras.

Desde la ONU ya se habían expresado en su momento con preocupación, al calificar el intento de reforma como “regresivo” y alertar que podría poner en riesgo el trabajo de los defensores del medio ambiente.

Mientras tanto, crecen las voces que reclaman que el desarrollo económico no avance sobre uno de los bienes más valiosos que tiene el país: el agua dulce que resguardan los glaciares.