El Gobierno argentino solicitó formalmente a la Justicia de Estados Unidos la suspensión del fallo que obliga a transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon, como parte del litigio promovido por fondos buitre tras la expropiación de la petrolera estatal en 2012. La medida busca frenar una sentencia calificada por especialistas como un “precedente peligroso” para la soberanía de los Estados.

El conflicto tiene como principal actor al fondo inglés Burford Capital, que compró por 17 millones de euros los derechos para litigar contra la Argentina, y que ya revendió parte de esos derechos por más de mil millones de dólares, en un negocio considerado especulativo. El caso fue impulsado en tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska —cuestionada por su falta de competencia— falló en contra del país, incluso sugiriendo que Argentina debería modificar sus leyes para cumplir con la sentencia.

El Ejecutivo mantiene la estrategia jurídica histórica, basada en el respeto al artículo 17 de la Constitución Nacional, que exige para cualquier expropiación causa de utilidad pública, ley del Congreso e indemnización al privado. Argumentan que esto fue cumplido con el pago a Repsol de 5.000 millones de dólares, aprobado por el Congreso en 2014. No obstante, declaraciones recientes del presidente Javier Milei, que responsabilizan a Axel Kicillof por la supuesta mala praxis de la nacionalización, podrían ser utilizadas en contra del Estado argentino.

En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció posibles vínculos entre funcionarios del actual Gobierno y el fondo Burford, y adelantó que impulsará una investigación al respecto. Por su parte, YPF aclaró mediante un comunicado que no forma parte del litigio ni de los procedimientos ordenados por la jueza Preska, aunque alertó sobre posibles impactos en su plan de inversiones.

Economistas como Nicolás Gadano señalan que los fondos especulativos apuestan a negociar una compensación con el Gobierno, y que la sentencia “no se va a cumplir”. En la misma línea, otras voces alertan que litigar en Nueva York fue una maniobra artificial, sin sustento jurídico en los documentos oficiales de privatización o expropiación.

El fondo Burford, que adquirió los derechos del quebrado Grupo Petersen, encontró en la legislación estadounidense una vía para reclamar montos multimillonarios a partir de un vacío legal y una lectura forzada del estatuto de YPF, que ya había sido subsanado en sede local. El caso se transforma así en un símbolo de la disputa entre Estados soberanos y capitales financieros internacionales.

Argentina prepara su apelación formal mientras insiste en que la jueza neoyorquina no tiene jurisdicción válida y que su sentencia contradice tanto el derecho nacional como los tratados de inmunidad soberana vigentes en Estados Unidos. El desenlace judicial podría marcar un hito en la relación entre los países emergentes y los fondos litigantes que operan al margen del sistema financiero global.