Los casos documentados de abigeato que no llegaron a nada en Corrientes no son anécdotas aisladas ni errores administrativos: son síntomas de un problema estructural profundo. Cuando una causa tarda casi catorce años en cerrarse sin condena, cuando otra se archiva definitivamente sin esclarecerse y cuando una pena firme prescribe antes de ejecutarse, el mensaje que se envía es claro y devastador: robar ganado puede no tener consecuencias reales.

El primer caso es paradigmático. Un hecho investigado desde noviembre de 2011 terminó recién en mayo de 2025 con un sobreseimiento por “afectación del plazo razonable”. El propio fallo reconoce que no hubo complejidad especial ni maniobras dilatorias atribuibles al imputado. Es decir, no fue el acusado quien estiró el proceso: fue el sistema judicial el que se volvió incapaz de resolver en tiempo y forma. El resultado fue el archivo de la causa. Catorce años después, nadie respondió por el delito.

El segundo ejemplo, en Bella Vista, es aún más crudo. Un “supuesto abigeato” terminó con un sobreseimiento libre y definitivo y el posterior archivo del expediente. El cierre administrativo, publicado por edictos, puso punto final a la causa sin responsables ni reparación para el damnificado. El expediente murió en silencio, como tantos otros.

El tercer caso demuestra que ni siquiera una condena garantiza justicia. En San Roque, el Superior Tribunal de Justicia declaró prescripta la pena en una causa de abigeato. Hubo condena, sí, pero llegó tarde. Tan tarde que la pena ya no podía ejecutarse. En términos prácticos, el resultado fue el mismo que un archivo: impunidad.

Estos tres escenarios —archivo por plazo razonable, sobreseimiento definitivo y prescripción de la pena— convergen en un mismo efecto: el delito queda sin castigo. Para el productor rural, que denuncia, espera, colabora y muchas veces se expone, el sistema termina funcionando como una segunda agresión. Primero pierde el ganado; después, pierde la confianza en la Justicia.

La consecuencia es directa y peligrosa. Cuando los expedientes se caen, las mafias del abigeato aprenden. Aprenden que el tiempo juega a su favor, que las demoras procesales son una aliada, que la falta de celeridad judicial es tan eficaz como cualquier cómplice. Aprenden, en definitiva, que pueden volver a hacerlo.

No se trata de reclamar condenas exprés ni de vulnerar garantías. Se trata de algo mucho más básico: que el Estado sea capaz de investigar, juzgar y resolver dentro de plazos razonables. Cuando eso no ocurre, no hay Estado de Derecho en el campo, sino una zona gris donde el delito se profesionaliza y la ley se vuelve decorativa.

El abigeato no persiste solo por la astucia de quienes roban ganado. Persiste porque, demasiadas veces, la Justicia llega tarde. Y cuando llega tarde, ya no es Justicia: es archivo, es prescripción, es fracaso institucional.

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