Hablar de corrupción política en Corrientes no es abrir una caja de sorpresas. Es, más bien, volver a recorrer un terreno conocido, transitado y, lo que es peor, naturalizado. Municipios pequeños y medianos, gobiernos provinciales de distintos signos, promesas de transparencia que se repiten como eslogan y una realidad que, gestión tras gestión, vuelve a mostrar las mismas fallas estructurales. No es un problema nuevo ni excepcional. Es persistente. Y esa persistencia merece una pregunta incómoda: ¿estamos ante un problema cultural o ante un sistema que funciona exactamente como fue diseñado?

La evidencia acumulada en los últimos años muestra que los casos de presunta corrupción en Corrientes rara vez aparecen por controles preventivos eficaces. Casi siempre emergen después de cambios de gobierno, internas políticas, rupturas de alianzas o conflictos personales. El patrón es claro: mientras el poder se mantiene estable, los mecanismos de control miran hacia otro lado; cuando el poder cambia de manos, los expedientes aparecen, las denuncias se multiplican y el discurso moralizador gana espacio.

Los municipios son el eslabón más frágil de esta cadena. No por casualidad. En muchas localidades correntinas, el intendente concentra decisiones administrativas, financieras y políticas con escasos contrapesos reales. Los concejos deliberantes suelen responder a mayorías automáticas, los tribunales de cuentas llegan tarde o se limitan a observaciones formales, y la estructura técnica es mínima o directamente inexistente. En ese escenario, el Estado local deja de ser una institución y se transforma en una extensión personal del jefe comunal de turno.

La confusión entre lo público y lo privado es una constante. Vehículos municipales usados como propios, contrataciones sin licitación clara, proveedores “amigos”, obras anunciadas y nunca terminadas, planteles municipales inflados con personas que no cumplen funciones reales. Todo eso convive con una narrativa instalada: “es lo que hay”, “siempre fue así”, “al menos hace algo”. La vara ética se corre peligrosamente hacia abajo.

A nivel provincial, el problema no desaparece: se sofistica. Las discusiones giran en torno a licitaciones, concesiones de servicios, obras de infraestructura, fondos especiales y designaciones estratégicas. Los organismos de control existen, pero su independencia es relativa. Cuando quienes deben auditar dependen política o presupuestariamente de quienes administran, el control se vuelve débil, selectivo o directamente decorativo. El equilibrio republicano queda reducido a una formalidad.

Aquí aparece la tentación de hablar de “corrupción cultural”. Pero ese concepto, aunque cómodo, es engañoso. No hay una genética social que empuje a la corrupción. Lo que hay es pobreza estructural, dependencia del Estado, falta de empleo privado y una política que aprendió a administrar la escasez como herramienta de poder. En muchos pueblos, el municipio no solo administra servicios: administra la supervivencia. Un contrato, una changa, una ayuda social, un puesto precario. Denunciar irregularidades en ese contexto no es un acto heroico: es, muchas veces, un suicidio social.

El clientelismo no es un desvío del sistema; es parte del sistema. Y la corrupción se alimenta de esa lógica. No siempre en forma de grandes escándalos, sino en miles de pequeñas prácticas cotidianas que, sumadas, vacían de sentido a la gestión pública. Cuando el empleo municipal se convierte en moneda política, cuando el favor reemplaza al derecho, cuando la lealtad vale más que la idoneidad, la corrupción deja de ser una excepción para transformarse en método.

La Justicia, en este esquema, juega un rol ambiguo. Hay fiscales y jueces que intentan avanzar, sobre todo en causas ambientales, de obras públicas o de manejo de residuos. Pero el sistema judicial es lento, fragmentado y, en ocasiones, vulnerable a presiones. Las causas se estiran durante años, prescriben o quedan atrapadas en laberintos procesales. El mensaje que baja es demoledor: el costo de la corrupción es bajo y, en muchos casos, inexistente.

Tampoco ayuda la debilidad del control social. En el interior correntino, el periodismo de investigación es una tarea solitaria y riesgosa. La pauta oficial condiciona líneas editoriales, la información pública no fluye y la ciudadanía se acostumbra a no preguntar. El silencio no siempre es complicidad: muchas veces es miedo, cansancio o resignación.

Entonces, ¿qué es lo que pasa en Corrientes? Pasa que durante años se consolidó un modelo donde el poder se concentra, los controles se diluyen y la necesidad social funciona como anestesia ética. Pasa que se confunde gobernar con administrar lealtades. Pasa que se promete transparencia sin tocar las estructuras que permiten la opacidad.

La corrupción no es inevitable ni forma parte del ADN correntino. Es el resultado de decisiones políticas concretas, de instituciones débiles y de una sociedad a la que se le pidió demasiado tiempo que se conforme con poco. Romper ese círculo implica fortalecer controles reales, garantizar acceso a la información, proteger a quienes denuncian y, sobre todo, abandonar la idea de que el Estado es un botín a repartir.

Mientras eso no ocurra, la corrupción seguirá ahí: no como un escándalo ocasional, sino como un paisaje cotidiano al que ya casi nadie se detiene a mirar.

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