Un fuerte
escándalo sacude al Poder Judicial de
Corrientes tras la denuncia presentada por el ministro del Superior
Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri,
quien alertó sobre supuestas irregularidades en los ascensos de personal
aprobados por la Acordada N.º 34/2024.
En una nota dirigida al propio Superior Tribunal,
Panseri expuso la existencia de acomodos,
ascensos ilegales y violaciones a las normas que rigen los concursos y
evaluaciones internas. Según el magistrado, el anexo de la resolución presenta
errores, omisiones y decisiones sin fundamentos, vulnerando los principios de
igualdad y transparencia.
Como ejemplo, mencionó el caso de José Antonio Zacarías, quien —según su
denuncia— fue designado inicialmente como chofer y, sin rendir examen ni
cumplir los requisitos, ascendió al escalafón administrativo con una categoría
muy superior, saltando nueve niveles.
Panseri calificó la maniobra como un abuso
de confianza que podría generar perjuicios económicos al erario
judicial.
El ministro solicitó la nulidad del punto 6 de la acordada y pidió la apertura de un sumario administrativo
para determinar responsabilidades, además de una auditoría integral sobre los más de doscientos funcionarios involucrados.
“Estamos ante hechos que lesionan la legalidad, la ética y los valores del
Poder Judicial”, sostuvo.
Fuentes consultadas por Diario 1588 recordaron que en 2015 el Superior Tribunal ya había modificado, mediante
acordadas, aspectos de la Ley 3924,
conocida como de “enganche”, habilitando cambios de escalafón y creación de
cargos sin respetar el reglamento interno. Desde entonces, se habrían producido
múltiples ascensos irregulares, incluso de personal sin idoneidad técnica.
El Sindicato de
Trabajadores Judiciales (SITRAJ) reclamó en distintas oportunidades
que se respete el mérito y el examen como vía legítima de ascenso, denunciando
favoritismos por vínculos políticos o familiares.
El caso trae a la memoria otro episodio polémico: en 2018, se habría creado un cargo a medida
para ubicar a Víctor Eduardo Ojeda,
ex Fiscal de Estado de Ricardo Colombi, pese a una denuncia en su contra por violencia de género agravada. Según el
informe, la víctima fue presionada para retirar la denuncia y el caso nunca
prosperó.
El contexto general pinta un cuadro delicado: una estructura judicial señalada por acomodos,
impunidad y uso discrecional del poder, ahora denunciada desde adentro
por uno de sus propios ministros.
Fuente: Diario 1588






