La localidad correntina de San Roque fue escenario de una fuerte sacudida institucional luego de que las autoridades provinciales ordenaran descabezar la cúpula del Priar local, tras comprobarse una serie de irregularidades en el tratamiento de denuncias por robo de ganado.

La decisión fue adoptada por el jefe del Priar provincial, comisario general Gerardo Torres, quien viajó personalmente a la zona para constatar la situación. Según reveló el periodista Gabriel Bruno en diálogo con Gustavo Adolfo Ojeda, conductor del programa La Otra Campana por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, se descubrió que existían más de treinta denuncias que permanecían archivadas y que, en algunos casos, desde la propia dependencia policial se desalentaba a los productores a formalizarlas.

Torres dispuso el desplazamiento del jefe y varios efectivos del Priar San Roque, designando en su reemplazo a un comisario proveniente de Concepción. La medida fue interpretada por los vecinos como “una bocanada de aire fresco” que devuelve cierta confianza en la fuerza, aunque no faltaron críticas hacia los otros estamentos del Estado.

Bruno señaló que la Fiscalía con asiento en Goya y la Municipalidad de San Roque “no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Relató que, en el último hecho que desató la crisis, el productor Joaquín Carrea sufrió la faena clandestina de dos vacas, hallándose luego la carne en carnicerías locales sin que los responsables fueran siquiera citados a declarar. “La sensación es de total impunidad”, lamentó.

Desde el sector rural advierten que el nuevo Código Procesal Penal limita la actuación policial, al dejar las decisiones clave en manos de los fiscales. “El delincuente sigue libre, el productor se siente desamparado y la comunidad percibe que no pasa nada”, resumió Bruno.

El comisario Torres, por su parte, aseguró que continuará con los controles en carnicerías y rutas, y que no dudará en sancionar a uniformados implicados en maniobras irregulares. Sin embargo, productores y vecinos sostienen que, sin una reacción firme de la Justicia, el mensaje seguirá siendo ambiguo: mientras el que roba anda suelto, el que denuncia sigue con miedo.

Fuente: El Libertador