Hubo un tiempo en que las potencias se esforzaban por maquillar sus guerras. Se hablaba de democracia, libertad, misiones humanitarias o armas inexistentes. Hoy ya no hace falta. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo lo que antes se escribía en informes confidenciales: las acciones militares sirven para garantizar acceso a “riqueza y recursos”, sin pagar el costo político de ver ataúdes regresar a casa. La sangre, en esta etapa del capitalismo armado, debe ser siempre ajena.

La comparación con Irak no fue un error ni un exabrupto. Fue una confesión involuntaria. Décadas de ocupación, cientos de miles de muertos y un país devastado dejaron, según el propio razonamiento estadounidense, una enseñanza clave: la guerra larga desgasta. La intervención rápida, quirúrgica y sin intermediarios resulta más eficiente. Menos discurso, más botín.

Venezuela aparece así como el escenario ideal. Petróleo, minerales estratégicos, ubicación geopolítica y un gobierno incómodo. Tras los ataques y la captura del presidente Nicolás Maduro, Washington no se limitó a justificar la acción: anunció que administrará el país hasta decidir cuándo y cómo debe “transicionar”. No se trata de tutelaje temporal, sino de control directo. Gobernar primero, explicar después.

Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. Se habló de agresión militar, de saqueo planificado y de un intento explícito por quebrar la independencia política. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de manera interina por orden del Tribunal Supremo, mientras exigía la liberación del mandatario. En paralelo, varios países reclamaron respeto por la soberanía venezolana. Entre ellos, Rusia, que denunció la intervención como una violación flagrante del derecho internacional.

Nada de esto parece incomodar demasiado a Washington. La ultraderecha global, hoy sin complejos ni eufemismos, ya no necesita convencer: impone. La legalidad internacional se vuelve un accesorio, útil solo cuando coincide con los intereses propios. Cuando no, se ignora. O se bombardea.

La ironía es evidente. Quienes durante décadas se autoproclamaron garantes del orden mundial actúan ahora como corsarios modernos, con bandera, portaaviones y discursos televisivos. Ya no se llevan cofres de oro, sino contratos, yacimientos y control político. El método cambió; la lógica es la misma.

La pregunta ya no es si el objetivo son los recursos. Eso quedó dicho en voz alta. La verdadera incógnita es cuánto más puede correrse el límite antes de que el saqueo abierto deje de ser excepción y se convierta en norma. Porque cuando el pirata se sienta en el trono, el problema no es el botín: es el precedente.