Productores rurales de la Costa del Río Uruguay, en la provincia de Corrientes, volvieron a expresar su profunda preocupación por el crecimiento de los delitos rurales y la falta de respuestas rápidas por parte del sistema judicial, a casi 20 años de la sanción de una ley que ordena la creación de fiscalías rurales especializadas y que aún no fue aplicada.

El reclamo tomó mayor visibilidad tras la difusión del tema en medios provinciales y nacionales. María Marta Batalla, integrante de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, aseguró que el delito rural continúa siendo tratado como un hecho menor, pese a su gravedad. “Sentimos que el delito rural es tomado como un delito menor, y no lo es”, afirmó en declaraciones a PONELE H Radio-TV.

La dirigente recordó que la Ley Provincial Nº5691, sancionada en 2005, establece la creación de fiscalías rurales en cada circunscripción judicial, con fiscales especializados en delitos rurales y ambientales. Sin embargo, en Paso de los Libres y otras zonas de la provincia estos hechos siguen siendo abordados por fiscalías ordinarias, lo que genera demoras en allanamientos, investigaciones y medidas urgentes.

Batalla sostuvo que el abigeato dejó de ser un delito ocasional para convertirse en una actividad organizada. “Nadie roba 50 cabezas de ganado para comer. Estamos hablando de organizaciones criminales”, remarcó. En algunas regiones, explicó, existen vínculos transfronterizos con Brasil y Paraguay, mientras que en otras operan estructuras locales con familias dedicadas de manera sistemática al delito.

La productora también cuestionó la lentitud judicial al autorizar allanamientos, incluso en casos flagrantes. “Hay delitos donde se espera 48 horas o más por una orden de allanamiento, y a veces nunca llega”, denunció. Si bien destacó el trabajo de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), señaló que los problemas surgen cuando las causas ingresan al ámbito judicial.

Además del robo de animales, los productores enfrentan importantes pérdidas económicas por la rotura de alambrados y el riesgo de accidentes viales. “Cien metros de alambrado hoy cuesta alrededor de un millón de pesos”, indicó Batalla, al advertir que los cercos dañados dejan animales sueltos en rutas muy transitadas.

Otro aspecto crítico es el riesgo sanitario, ya que parte de la carne robada se comercializa fuera de los controles oficiales. “La gente consume carne sin saber si es apta para consumo humano”, alertó, señalando que muchos animales robados pueden estar bajo tratamientos veterinarios.

Según explicó, la inseguridad rural ya provoca consecuencias estructurales, como el abandono de campos, el cambio de actividades productivas y la desaparición de rubros como la producción ovina. Ante este panorama, las entidades rurales reiteraron su reclamo a los tres poderes del Estado para que se aplique la ley vigente, se creen fiscalías rurales y se implementen políticas integrales contra el delito rural.

Fuente: poneleh.com