Desde hace varios días, dos personas de sexo masculino permanecen detenidas y alojadas en la comisaría de Tapebicuá, vinculadas a un hecho confuso que aún se encuentra bajo investigación. La causa genera fuerte repercusión en toda la costa del río Uruguay debido a que los involucrados ya habían participado anteriormente en otro episodio similar que nunca llegó a esclarecerse, con el mismo chofer y el mismo camión ahora nuevamente bajo sospecha.

Desde hace más de 24 horas, la Policía provincial aguarda que la Fiscalía habilite el pedido de allanamiento solicitado por el jefe del PRIAR de La Cruz, comisario mayor Lugo, quien intervino en las diligencias junto al comisario local Claudio Fernández. La demora judicial impide avanzar en medidas consideradas clave para el esclarecimiento del caso.

Ante la conmoción generada y la reiteración de hechos de características similares, el jefe del PRIAR provincial, Gerardo Torres, dispuso el refuerzo operativo con la presencia de los jefes del PRIAR de Alvear, Virasoro y Desiderio Sosa, además del comisario Monzón, proveniente de Capital, en previsión de posibles allanamientos simultáneos.

Sin embargo, hasta el momento la jueza subrogante Marta Legarreta, quien se encuentra de turno por la feria judicial, no recibió el requerimiento formal del fiscal Facundo Sotelo. Esta situación, según fuentes vinculadas a la producción rural, conspira contra el éxito de la investigación, ya que el nuevo Código Procesal Penal asigna al Ministerio Público la conducción de las causas, relegando a la Policía a un rol auxiliar.

Mientras tanto, efectivos del PRIAR de distintas localidades continúan a la espera, en condiciones climáticas adversas, de que finalmente se impulse el pedido ante la jueza de garantías, única autoridad habilitada para autorizar los procedimientos. Desde el entorno policial remarcan que, sin la actuación de la Fiscalía, no es posible avanzar.

Aunque este medio manejó el caso con cautela para no interferir en la investigación, la difusión en redes sociales amplificó el alcance del hecho a nivel provincial, incrementando la presión pública para que se adopten definiciones judiciales en las próximas horas.

Fuente: Diario El Libertador Online