El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) presentó un fuerte planteo ante el presidente de la Cámara de Senadores, Néstor Braillard Poccard, exigiendo que el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2026 sea aprobado sin modificaciones, tal como fue elevado por el Superior Tribunal de Justicia en el Acuerdo Extraordinario Nº 06/2025.

El documento, firmado por el secretario general Telmo Aníbal Fernández, advierte que durante los últimos años el Poder Judicial viene sufriendo recortes sistemáticos que impactaron directamente en la capacidad operativa del sistema, en la atención al público y en las recomposiciones salariales del personal. Según expone SITRAJ, el deterioro acumulado en la última década supera el 60%.

El gremio cuestiona que, pese a que la Constitución Provincial y la Ley de Autarquía Nº 4420/90 establecen que el Poder Judicial debe recibir como mínimo el 6,27% del Presupuesto General, los montos previstos para 2026 están por debajo de ese piso legal. El anteproyecto oficial calcula unos $194 mil millones para Justicia, mientras que el STJ proyectó más de $299 mil millones, diferencia que —según el sindicato— compromete seriamente el funcionamiento del servicio judicial.

SITRAJ señala además que el Poder Ejecutivo impulsa la creación de nuevas dependencias y reformas procesales sin garantizar los fondos necesarios, lo que incrementa la carga laboral en un contexto de fuerte pérdida de poder adquisitivo. El gremio remarca que la falta de recursos afecta especialmente a las categorías más bajas y obliga al Poder Judicial a depender año tras año de refuerzos presupuestarios.

En su presentación, el sindicato llama a los legisladores a respetar la independencia del Poder Judicial y a garantizar la autarquía financiera prevista en la legislación vigente. Advierten que mantener el recorte “frustra expectativas legítimas” y obstaculiza los objetivos permanentes de optimización del servicio.

Finalmente, SITRAJ solicita que el Senado Provincial apruebe el anteproyecto del STJ sin cambios y reclama “criterio y responsabilidad” para asegurar el funcionamiento normal y autónomo del Poder Judicial en 2026.