Texas afrontó una reconfiguración de su política fronteriza con la aprobación de tres medidas legislativas que establecieron nuevas reglas sobre infraestructura, vigilancia y delimitación territorial. Estas disposiciones, apoyadas por el gobernador Greg Abbot, alteraron el escenario para miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. HB 247: incentivos económicos para muros y zanjas en la frontera en TexasLa primera de las medidas aprobadas redefinió el papel de los propietarios de tierras fronterizas al ofrecerles beneficios fiscales a cambio de permitir o construir obras destinadas exclusivamente al control del tránsito de personas.La ley HB 247 estableció un esquema de exenciones impositivas que buscó acelerar la instalación de muros, cercas, zanjas y carreteras destinadas al bloqueo del movimiento en la frontera entre Texas y México. Esa infraestructura, que la norma describió como una “mejora diseñada o adaptada para vigilar o impedir el movimiento de personas u objetos”, se convirtió en un elemento central del plan de seguridad estatal.La exención abarcó el impuesto predial derivado de la construcción de infraestructura fronteriza en terrenos ubicados únicamente en condados que colindan con México.El incentivo se aplicó a propietarios que firmaron un “acuerdo calificado de infraestructura de seguridad fronteriza” con Texas o con el gobierno federal, o que destinaron parte de su propiedad a una servidumbre registrada con ese propósito.La valoración de mercado de los bienes inmuebles no pudo considerar el monto pagado por el estado o EE.UU. al comprar tierras para erigir estas obras, lo que impidió que esas transacciones inflaran artificialmente el valor tasado.El aumento de muros y zanjas en propiedades privadas incrementará las dificultades para atravesar la región, cerrará rutas históricas empleadas por migrantes y obligará a muchos a desviarse hacia espacios más remotos, donde los riesgos ambientales pueden ser mayores.La Legislatura aprobó HB 247 en mayo de 2025 y fijó una condición clave: la entrada en vigor dependió del voto popular. La norma comenzaría a regir el 1° de enero de 2026 únicamente si los ciudadanos aceptaban la enmienda constitucional que autorizó la exención fiscal. Finalmente, en las elecciones del 4 de noviembre pasado, entró en la boleta como la Proposición 17 y tuvo el visto bueno del 57% de los sufragantes.HB 1240: la nueva geografía fronteriza de TexasLa segunda disposición no modificó la frontera mediante barreras físicas, pero sí transformó la manera en que el estado concibe su territorio fronterizo. En específico, la HB 1240 estableció una definición uniforme y amplia de la “Región Fronteriza Texas-México”, lo que alteró la administración de programas estatales y la distribución de recursos públicos. La medida generó una expansión territorial que alcanzó 51 condados, muchos de ellos alejados de la línea internacional.La ley ajustó múltiples códigos estatales —entre ellos los de Gobierno, Salud y Seguridad, Educación, Transporte y Agua— e incorporó una descripción única del área estratégica. El nuevo mapa incluyó condados fronterizos y otros interiores, como Bexar, Frio, Karnes y Wilson, que anteriormente no formaban parte de las definiciones oficiales basadas en la cercanía geográfica o en criterios como la distancia de 100 kilómetros respecto de México.La estandarización afectó la ubicación de programas piloto estatales, especialmente aquellos diseñados para zonas con escasos servicios médicos.Modificó la forma en que el Departamento de Transporte administra ingresos y promovió inversiones privadas en infraestructura de movilidad, desde carreteras hasta túneles y puentes de peaje.Alteró operaciones incluidas en el Código del Agua, lo que cambió la asignación de recursos hídricos y la planificación para una región más extensa.Si bien la norma no tiene un impacto directo sobre quienes intenten ingresar al país norteamericano, sí afectó de manera indirecta a personas en tránsito. Al ampliar la región objetivo de inversiones estatales, Texas extendió la presencia institucional en áreas antes consideradas interiores. Eso permite que nuevas carreteras, servicios, controles y programas estatales se desplieguen en una zona mucho más amplia, con efectos en la movilidad de migrantes que atravesaron el territorio después de cruzar la frontera.La Legislatura y el gobernador aprobaron la HB 1240 en junio 2025, pero su entrada en vigor quedó fijada para el 1° de septiembre de 2026, cuando el nuevo concepto territorial comenzará a aplicarse de manera integral.H.C.R. 98: presión federal para expandir la tecnología antidronesLa tercera medida no tuvo carácter de ley ejecutiva. La HCR 98, una Resolución Concurrente de la Cámara, instó al Congreso de Estados Unidos a ampliar las facultades para el uso de Sistemas Contra Aeronaves No Tripuladas (C-UAS) en la frontera. Texas argumentó que los carteles comenzaron a emplear drones con capacidad para transportar explosivos o vigilar posiciones de las autoridades, lo que elevó el nivel de amenaza en la región.La resolución remarcó que solo cuatro departamentos federales —Homeland Security, Justicia, Defensa y Energía— estaban autorizados para desplegar tecnología C-UAS, lo que dejó a los estados en una situación de dependencia operativa. Por eso, Texas reclamó al Congreso la creación de protocolos para el intercambio rápido de información, la autorización para que autoridades estatales, locales, tribales y territoriales participaran en estas operaciones, y la asignación de recursos para adquirir equipos, operarlos y capacitar personal.El texto mencionó informes recientes sobre carteles que amenazaron con emplear drones cargados de explosivos para atacar a agentes federales.Exigió una coordinación más eficiente entre autoridades de todos los niveles para enfrentar esa amenaza.Solicitó financiamiento federal para que los estados fronterizos accedieran a tecnología antidrones de última generación.Para los migrantes, el impacto potencial se relaciona con la expansión de la vigilancia aérea. Un incremento en las capacidades tecnológicas del estado permitiría detectar redes de contrabando que emplearan drones para explorar rutas o supervisar movimientos en la frontera. La Legislatura aprobó la resolución en mayo de 2025, pero su impacto real depende de la reacción del Congreso. Solo una reforma federal permitiría ampliar la autoridad de Texas en materia de C-UAS durante 2025 o 2026. Por el momento, no tuvo tratamiento en el Capitolio.