Organismos de
derechos humanos advierten que los primeros seis meses de 2025
contabilizan más heridos y detenidos en protestas que todo 2024, según
monitoreos de la Comisión Provincial por la Memoria citados en informes
recientes. El endurecimiento represivo acompaña —no casualmente— la fase más
dura del ajuste.
Las marchas
semanales de jubilados, sindicatos y colectivos de discapacidad contra el veto
presidencial a mejoras previsionales y el recorte de medicamentos se han vuelto
un termómetro del malestar social; varios de estos encuentros terminaron con
dispositivos de seguridad desproporcionados y episodios de violencia
El conflicto con
gobernadores por la reducción de transferencias, paralización de obras
públicas y desregulación fiscal sin amortiguadores profundiza la
asfixia económica en las provincias, especialmente en el interior productivo y
socialmente vulnerable. Estos recortes alimentan el voto castigo que la
encuesta ya registra.
La elección
legislativa será más que un recuento de bancas: será un plebiscito
social sobre la motosierra, sobre la viabilidad de un programa que
desmantela estructuras estatales sin red, mientras responde con represión
cuando los sectores afectados salen a la calle. El dato de que más de
uno de cada cinco encuestados consideró no votar revela fatiga
democrática, pero también un margen que la oposición —fragmentada— podría
movilizar.
El gobierno
libertario pidió confianza para “ordenar la economía” y “terminar con la
casta”. Lo que hoy devuelve la encuesta es otra fotografía: crece la
percepción de riesgo, de violencia y de asfixia socioeconómica. Si la
Casa Rosada sigue administrando crisis con garrote y ajuste, octubre puede
convertirse en el primer gran freno político al experimento Milei. Las urnas,
otra vez, serán la válvula de escape.