El Gobierno nacional oficializó este jueves la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal responsable del mantenimiento y operación de rutas en todo el país. La medida, dispuesta a través del Decreto 244/2025 publicado en el Boletín Oficial, se enmarca dentro del proceso de privatización que impulsa la administración de Javier Milei.

La compañía, que hasta ahora dependía de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar bajo el control de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. Su misión será auditar la gestión, evaluar la situación financiera y operativa de la empresa, revisar compras y contrataciones, y diseñar un plan de reformulación que podría incluir la modificación del estatuto y la liquidación de la sociedad. Además, tendrá amplias facultades, como la posibilidad de designar y despedir trabajadores.

La intervención, establecida por tiempo indefinido, busca sanear las cuentas de la empresa antes de su traspaso al sector privado. Según adelantó en febrero el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo es implementar un modelo de concesión basado en la obra pública por peajes, donde empresas privadas asumirán la ejecución y mantenimiento de las rutas a cambio del derecho de cobro de peajes.

El plan gubernamental prevé transferir más de 9.000 kilómetros de caminos, por donde circula el 80% del tráfico nacional, a concesionarias privadas, promoviendo así la inversión en infraestructura a través de capitales privados.