En la tarde del martes 24 de junio, el Banco de la Nación Argentina informó oficialmente el cierre de 60 sucursales en distintas provincias del país, con un objetivo declarado de ahorrar más de $1.000 millones. La medida forma parte del "Plan Estratégico 2024-2027", en línea con la política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei.

En el nordeste argentino, las sucursales de Goya, en la provincia de Corrientes, y de Oberá, en Misiones, figuran entre las que podrían cesar sus operaciones en el marco de este proceso de "reestructuración". El anuncio genera preocupación entre los empleados, cuyo futuro laboral aún no está del todo definido. Si bien se contempla la jubilación anticipada para quienes estén en condiciones, se prevé el traslado de otros trabajadores a sedes cercanas que continúen funcionando.

La entidad que conduce Daniel Tillard explicó que la reducción de 769 a 709 sucursales ya permitió un ahorro inmediato de $139 millones, cifra que proyectada para el resto del año alcanzaría los $836 millones. Además, se anticipa un recorte de $180 millones en concepto de alquileres de inmuebles.

El Banco Nación también informó una readecuación de sus Gerencias Zonales, reduciendo su número de 33 a 29, basándose en criterios de segmentación económica definidos por el INDEC. Según voceros de la entidad, estas decisiones responden a un enfoque de “eficiencia, transparencia y fortalecimiento estratégico” en el marco de una transformación estructural.

En un tono alineado con el discurso del oficialismo, desde el Banco Nación remarcaron que estos cambios se enmarcan en una promesa de "inflación cero", acompañada de mayor oferta de créditos y la transformación del banco en una sociedad anónima.

El cierre de sucursales en zonas del interior profundo, donde muchas veces el Banco Nación es la única entidad financiera presente, despierta cuestionamientos desde distintos sectores. Mientras se destacan los supuestos beneficios económicos del plan, crece la incertidumbre entre empleados y comunidades que podrían quedar sin acceso directo a servicios bancarios esenciales.