Más de un año de presiones, maniobras y operaciones de la Casa Rosada no fueron suficientes para cumplir el sueño de Javier Milei de tener su propia Corte Suprema. Con 43 votos en contra del pliego de Ariel Lijo y 51 en contra de Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó por una contundente mayoría ambas candidaturas al máximo tribunal.

El decreto presidencial que designó a ambos postulantes sin el aval del Senado desató un conflicto institucional sin precedentes y provocó un profundo repudio, que terminó ahora con García-Mansilla cumpliendo funciones y firmando fallos sin el respaldo del Congreso. En los pasillos del Legislativo, se especula con la posible renuncia del exdecano de la Universidad Austral en las próximas horas.

Inmediatamente después de la votación, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para impedir que el nuevo cortesano siga tomando decisiones y para frenar la jura de Lijo en la Corte. Desde la Oficina del Presidente, el oficialismo difundió un comunicado acusando al Senado de operar como "una máquina de impedir" y de obstaculizar "el futuro de la Nación Argentina".

Una votación previsible pero contundente

A las 12 del mediodía, los presidentes de bloque ya anticipaban lo inevitable en la reunión de Labor Parlamentaria. La oposición contaba con los números para sortear los dos desafíos principales: alcanzar el quórum de 37 senadores y, posteriormente, obtener los 25 votos necesarios para rechazar a los postulantes.

"¡Vamos que las Malvinas son Argentinas! Esto es hacer patria", celebró Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) al ingresar al recinto. Su comentario iba dirigido a Pablo Blanco, radical de Tierra del Fuego, quien estuvo presente desde el inicio. A las 14:15, la Cámara ya contaba con 38 senadores en sus bancas, alcanzando la cifra clave gracias a los 33 integrantes de UP, dos radicales (Martín Lousteau y Blanco), dos del PRO (Alfredo De Angeli y Victoria Huala) y el formoseño Francisco Paoltroni, exmiembro del bloque libertario.

El oficialismo intentó dilatar la sesión, con el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, evitando sentarse en el estrado para iniciar el debate. Fue la senadora Silvia Sapag (UP) quien finalmente presidió la sesión y dio inicio al tratamiento de los pliegos, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos, se mantuvo en su despacho sin intervenir.

Rechazo generalizado y duros discursos

La votación de los pliegos superó las expectativas. En el caso de García-Mansilla, el rechazo fue aún mayor a los dos tercios requeridos para su aprobación. A los 34 votos negativos de UP se sumaron 10 de 13 radicales, cuatro de siete senadores del PRO y parte del bloque Provincias Unidas. Solo seis libertarios y algunos aliados apoyaron su postulación.

Lijo obtuvo un respaldo mayor, con votos a favor de 10 senadores de UP, pero igualmente insuficiente ante el rechazo de macristas y radicales.

La sesión estuvo marcada por acusaciones cruzadas y duros cuestionamientos al decreto 137 de Milei, que permitió las designaciones en comisión. "Es absolutamente inconstitucional. El señor Mansilla está usurpando el cargo", denunció José Mayans (UP). Su colega Anabel Fernández Sagasti advirtió sobre la "compra de votos" y la amenaza a la independencia judicial, mientras Martín Lousteau (UCR) señaló que "hace 115 años que no pasaba una barbaridad de esta índole".

Desde el PRO, Guadalupe Tagliaferri cuestionó la falta de mujeres en la Corte y el proceso "irregular" de las designaciones. Incluso aliados de Milei, como Eduardo Vischi (UCR), criticaron el "proceso ininterrumpido de errores" del Gobierno.

Sin defensores y con un Senado más firme

El único libertario en tomar la palabra, Juan Carlos Pagotto, intentó sin éxito justificar las designaciones, mientras los senadores de UP lo interrumpían para informarle que García-Mansilla ya había firmado más de 50 fallos. En un cierre previsible, la Casa Rosada acusó al Senado de "politizar la justicia" y aseguró que Milei seguirá trabajando "para garantizar la independencia judicial". Sin embargo, el golpe parlamentario es un nuevo obstáculo para el oficialismo, que enfrenta una creciente resistencia legislativa.