La administración de Javier Milei atraviesa un momento financiero delicado y sin salida visible. Aunque en abril recibió un desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y 1.300 millones más del Banco Mundial, la falta de dólares sigue siendo el principal obstáculo para cumplir con los compromisos de deuda externa y sostener un mínimo de estabilidad económica.

La fecha clave es el 9 de julio de 2025, cuando el país deberá enfrentar vencimientos de capital e intereses por 4.500 millones de dólares con el FMI y bonistas privados. Sin embargo, la imposibilidad de incrementar las reservas internacionales —que, descontando préstamos, swaps con China y encajes bancarios, se mantienen en terreno negativo— agrava el panorama. La propia meta de aumentar en 4.700 millones de dólares las reservas antes del 13 de junio no se cumplió, y los números del primer cuatrimestre mostraron un déficit externo que ya duplica las previsiones anuales acordadas con el FMI.

Mientras tanto, el ajuste fiscal se profundiza a costa de recortes en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y la paralización casi total de la obra pública, incluyendo el mantenimiento básico. A pesar de haber logrado un superávit de caja, el gobierno financia los intereses de la deuda con nuevos endeudamientos, lo que incrementa su peso y compromete aún más la capacidad de pago. Las tasas de interés se dispararon mientras la actividad económica se resiente por la caída del consumo y la licuación de los ingresos de los trabajadores y jubilados.

A esta grave situación se suman los litigios judiciales internacionales, como el caso YPF en Nueva York, donde una jueza falló en contra de la Argentina por 16.100 millones de dólares, en favor del fondo Burford Capital. Este caso, vinculado a la familia Eskenazi, expone no solo los conflictos de intereses dentro del propio gobierno —que designó a un abogado vinculado con la parte demandante— sino también la sumisión de Argentina a tribunales extranjeros, sin plantear defensas jurídicas de fondo ni acciones soberanas.

El gobierno sostiene que la única salida es persistir en la “disciplina fiscal”, pero detrás de ese relato se esconde una creciente transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grandes grupos económicos y financieros. Los precios de alimentos, medicamentos, transporte y energía se disparan sin control, mientras las tasas de interés asfixian a las pymes y a los consumidores.

En este contexto, muchos advierten que detrás del ajuste brutal y el endeudamiento creciente se esconde la intención de condicionar a la Argentina a entregar sus recursos naturales —Vaca Muerta, litio, oro, cobre— como garantía o moneda de cambio de una deuda que no cesa de crecer.

La verdadera oposición, sostienen algunos sectores, no está en los partidos sino en los jubilados, los trabajadores, los pequeños empresarios y los desocupados, quienes sufren las consecuencias sin voz ni representación política. Crece el planteo de que el caso YPF debería someterse a un referéndum nacional para decidir si la Argentina debe aceptar o rechazar un fallo que compromete el patrimonio de toda la Nación.

Mientras tanto, el gobierno de Milei juega su suerte a llegar como sea a las elecciones parlamentarias de octubre, apostando al desánimo social, a la resignación y a una economía que se sostiene en la bicicleta financiera, sin un horizonte claro de crecimiento ni de justicia social.