Editorial: La Justicia Yankee y su eterna obsesión imperial con la Argentina
30/07/2025
Redacción: Por Julio Rodriguez
Estados Unidos vuelve a mostrar su peor cara: la de
una justicia extraterritorial que pretende dictar órdenes a países soberanos
como si el mundo fuera un tablero donde solo ellos mueven las piezas. Esta vez,
en el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska
ordenó al Estado argentino entregar los teléfonos celulares de funcionarios y
exfuncionarios. ¿El motivo? Facilitar un proceso de “discovery” promovido por
los fondos buitre Petersen y Eton Park, que buscan demostrar que el Estado y
YPF “son lo mismo”.
Pero lo que verdaderamente está en juego no es solo
un procedimiento judicial, sino la soberanía de un país. La medida, denunciada
por la Procuración del Tesoro argentino, no solo viola leyes locales, sino
también las del propio sistema judicial norteamericano. Una paradoja ridícula,
pero que no sorprende viniendo de quienes históricamente se creyeron jueces del
mundo.
Esta intromisión no es aislada. Es parte de un
modus operandi aceitado: cuando no pueden con la diplomacia o los mercados,
accionan a través de sus juzgados, disfrazando intereses geopolíticos de
tecnicismos legales. Y para eso cuentan con los fondos buitre, esos parásitos
de la especulación financiera internacional, como Burford Capital, que sin
vergüenza alguna reconoció que usa estos procesos para “arrojar arena en los
engranajes” de la economía argentina.
La pregunta es directa: ¿Hasta cuándo vamos a
tolerar que una jueza de Manhattan le diga a un Estado soberano qué celulares
entregar, qué conversaciones mostrar, o qué activos transferir? Porque eso es
lo que pretenden. Si prospera esta lógica, ya no se trata de YPF ni de un fallo
puntual, sino de permitir que desde una oficina en Nueva York se decidan
políticas públicas argentinas.
La apelación presentada por Argentina va más allá
de lo técnico. Busca evitar un daño irreversible: la pérdida del control
estatal sobre la principal empresa energética del país. Y si el “turnover” de
acciones se ejecuta, no solo será una victoria para los fondos buitre: será una
derrota para la democracia, para el federalismo, para el derecho de los pueblos
a decidir su destino sin la tutela de ningún imperio.
Desde nuestro lugar como comunicadores, como
argentinos, y como defensores de una patria libre, no podemos quedarnos
callados. Lo que está en juego no es un expediente. Es nuestra historia,
nuestra dignidad y el límite que estemos dispuestos a marcarle a quienes creen
que la ley yanqui rige en todo el planeta.
Argentina no necesita jueces importados ni manuales
coloniales. Necesita justicia soberana, memoria activa y un gobierno
—cualquiera sea su signo— que no se arrodille frente a los tribunales del
Norte.
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