La Cámara Federal de Casación Penal ordenó continuar la investigación contra 2 militares vinculados al Grupo de Artillería 7 de Resistencia por presuntas torturas cometidas contra soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas.

Los investigados son Reynaldo José Pascuzzi, teniente primero y médico oriundo del Chaco, y Carlos María Alemán Urquiza, capitán correntino. Ambos integraban el Grupo de Artillería 7 y fueron trasladados durante 71 días a Puerto San Julián, Santa Cruz, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

La causa investiga presuntas privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones, apremios ilegales y amenazas contra los conscriptos Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez.

Según la imputación, los soldados habrían sido sometidos a frío extremo, trabajos forzados, golpes, alimentación con sobras, simulacros de fusilamiento y estaqueamientos, una práctica que consistía en mantenerlos atados al suelo, expuestos a la nieve y a la intemperie.

La investigación se originó a partir del testimonio de Carlos Trangoni, quien declaró haber presenciado el estaqueamiento de Sandoval.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había considerado anteriormente que los delitos no podían ser encuadrados como crímenes de lesa humanidad y había dispuesto medidas que podían conducir a la prescripción de la causa.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión mediante un fallo dictado el 23 de octubre.

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de hacer lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia.

Casación sostuvo que, en esta etapa de la investigación, no puede descartarse que los hechos constituyan delitos del derecho internacional penal y, por lo tanto, se mantienen por ahora como imprescriptibles.

La causa tiene un extenso recorrido judicial. Comenzó en 2008 y en 2010 ambos acusados fueron sobreseídos por prescripción. Esa decisión posteriormente fue revocada y la investigación continuó.

En 2021, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, dispuso sus procesamientos. Luego, en 2023, la Cámara dictó falta de mérito.

El 28 de agosto de 2025 fueron procesados nuevamente bajo la consideración de que los hechos podían constituir delitos de lesa humanidad, pero meses después esa calificación fue nuevamente rechazada por la Cámara de Comodoro Rivadavia.

Ahora, Casación ordenó que ese tribunal dicte un nuevo pronunciamiento y analice también los recursos de apelación presentados por las defensas.

La clasificación jurídica definitiva de los hechos deberá resolverse en etapas posteriores del proceso judicial.