Un fallo del Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo del juez Gastón Salmain, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.609, que reguló la movilidad jubilatoria entre 2021 y 2024. La sentencia ordena a la ANSES recalcular los haberes de un jubilado tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con efectos retroactivos.

El actor había denunciado un haber inicial mal calculado bajo la Ley 24.241, sin actualización adecuada de remuneraciones y rentas autónomas. El magistrado citó precedentes de la Corte Suprema, como los casos Makler (2003) y Quiroga (2014), para fundamentar la revisión del haber y la movilidad posterior.

El fallo también estableció que los descuentos para obra social deben aplicarse solo sobre el capital, sin incluir los intereses que compensan diferencias mal liquidadas. Además, se precisó que, en situaciones de aportes simultáneos por trabajo en relación de dependencia y autónomos, las remuneraciones deben sumarse hasta el máximo legal, con deducciones proporcionales.

El juez remarcó que la falta de actualización legislativa volvió “letra muerta” a disposiciones clave de la Ley 24.241, y que la movilidad aplicada entre 2021 y 2024 excedió parámetros de razonabilidad. La resolución ordena aplicar intereses moratorios si ANSES demora en pagar lo adeudado.

Este fallo se suma a la serie de reclamos judiciales contra la movilidad previsional vigente en ese período, que muchos jubilados consideran insuficiente frente a la inflación.