Un hombre que había sido acusado de robo en la ciudad de Corrientes fue sobreseído de manera libre y definitiva, luego de que la justicia confirmara que el informe policial que lo incriminaba estaba basado en evidencias inexistentes.

La resolución fue dictada el 17 de marzo de 2026 durante una audiencia de control de acusación por el juez de Garantías Leandro Damián Llorente, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal.

La causa se había iniciado por el robo de pertenencias del interior de un vehículo estacionado en el centro de la capital correntina, delito que habría sido cometido mediante el uso de inhibidores de señal.

En el expediente figuraba el Informe N° 553/23 de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, en el que se aseguraba que un análisis de cámaras de seguridad permitía identificar al sospechoso y reconstruir su accionar.

Sin embargo, durante la investigación el fiscal Pablo Daniel Sosa detectó irregularidades graves en ese informe.

Según se determinó en la causa, las secuencias de video que supuestamente habían sido analizadas por la policía en realidad no existían. Ante esta situación, el propio personal policial admitió la inexistencia de los registros fílmicos mencionados en el documento.

La fuerza intentó justificar la situación alegando un error administrativo o de interpretación, pero la justicia consideró que el informe habría sido modificado de manera indebida para vincular al imputado con el hecho.

Frente a esta situación, el fiscal Sosa desistió de la acusación invocando los principios de objetividad y lealtad procesal, lo que derivó en el sobreseimiento del acusado.

En su resolución, el juez Llorente sostuvo que al quedar invalidado el informe policial original, toda la evidencia posterior quedaba contaminada, por lo que no podía sostenerse la imputación.

En los fundamentos del fallo, el magistrado afirmó que “el Estado de Derecho debe tener una aspiración de superioridad ética desde la cual obrar, impidiendo que el poder punitivo actúe con las mismas pautas que las personas que cometen ilícitos”.

Además, debido a la gravedad de lo ocurrido, el juez ordenó a la Jefatura de Policía de Corrientes iniciar una investigación urgente para determinar responsabilidades dentro de la fuerza.

El objetivo de esa investigación es identificar a los funcionarios que participaron en la elaboración del informe falso y aplicar las sanciones disciplinarias o penales correspondientes.