Un fallo de la Justicia de Tucumán marcó un precedente al establecer que el empleador también puede ser considerado deudor alimentario cuando incumple con una orden judicial de retención de haberes.

La decisión fue tomada por la jueza Mariana Josefina Rey Galindo, titular del Juzgado de Familia N° 1 de Monteros, quien determinó la responsabilidad solidaria del empleador de un trabajador que debía pagar cuota alimentaria.

El caso se originó por el incumplimiento reiterado de la empresa en retener y depositar el 30% del salario del empleado, pese a múltiples notificaciones judiciales. Según el expediente, no se registró ningún depósito, lo que fue confirmado por informes bancarios.

El fallo sostiene que esta conducta no constituye una simple negligencia administrativa, sino que representa una interferencia directa en un derecho fundamental: la alimentación de los niños involucrados.

En ese marco, la magistrada dispuso una serie de medidas:
embargo preventivo del 20% de las cuentas bancarias de la empresa,
bloqueo de la clave fiscal ante ARCA por 90 días,
y suspensión de permisos de circulación, licencias comerciales y habilitaciones.

La resolución se apoya en el artículo 551 del Código Civil y Comercial, que establece que el empleador que no cumple con la retención ordenada se convierte en deudor directo junto al progenitor.

Además, la jueza remarcó que la responsabilidad no se limita al obligado principal, sino que alcanza a terceros que deben colaborar con la Justicia, y que su incumplimiento genera consecuencias legales concretas.

De esta manera, el fallo refuerza el criterio de que la obligación alimentaria debe garantizarse de forma efectiva, ampliando la responsabilidad hacia quienes intervienen en el proceso de cumplimiento.