A  medio siglo del golpe de Estado de 1976, la llamada teoría de los dos demonios continúa siendo uno de los ejes más controvertidos en la interpretación del pasado reciente argentino. Esta lectura sostiene que la violencia política de los años setenta fue producto de un enfrentamiento entre dos fuerzas equivalentes: las organizaciones armadas y el aparato represivo estatal. Sin embargo, el avance de investigaciones históricas, fallos judiciales y testimonios acumulados a lo largo de décadas ha puesto en cuestión esa equivalencia.

El concepto tomó fuerza en los primeros años de la recuperación democrática, especialmente a partir del prólogo original del informe Nunca Más de 1984, donde se planteaba que el terror provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. En ese contexto, la formulación funcionó como una herramienta política para explicar un período traumático y facilitar la transición institucional, en un escenario donde las Fuerzas Armadas aún conservaban poder y capacidad de presión.

No obstante, con el paso del tiempo, esa interpretación fue crecientemente cuestionada por organismos de derechos humanos, juristas e investigadores. La crítica central apunta a que la teoría establece una falsa equivalencia entre actores profundamente desiguales. Mientras las organizaciones armadas actuaban de manera clandestina y limitada, el Estado desplegó un aparato sistemático, planificado y masivo de represión, utilizando todos los recursos institucionales a su alcance.

Durante la dictadura, ese accionar se tradujo en secuestros, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, apropiación de menores y la instalación de cientos de centros clandestinos de detención. La represión no se limitó a integrantes de organizaciones armadas, sino que alcanzó a trabajadores, estudiantes, docentes, militantes sociales y ciudadanos sin participación armada, lo que refuerza la idea de un plan orientado a disciplinar a la sociedad en su conjunto.

Uno de los puntos más señalados por la historiografía es que, a diferencia de una guerra convencional, el accionar del Estado se caracterizó por la clandestinidad absoluta, la ausencia de registros oficiales y la eliminación sistemática de pruebas. La desaparición forzada de personas se convirtió en un método central, lo que distingue ese período de otros episodios de violencia política.

La revisión de esta narrativa se consolidó con la reedición del informe Nunca Más en 2006, donde se cuestionó explícitamente la interpretación que justificaba el terrorismo de Estado como respuesta a la violencia insurgente. En paralelo, la Justicia argentina avanzó en el juzgamiento de los responsables, estableciendo que los crímenes cometidos durante la dictadura constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y no equiparables a otros hechos de violencia política.

En ese marco, distintos fallos judiciales remarcaron el carácter organizado, sistemático y estatal del plan represivo, diferenciándolo de otras formas de violencia. Esta posición fue clave para consolidar un consenso jurídico que rechaza la equivalencia implícita en la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, el debate no se encuentra cerrado. En distintos momentos, sectores políticos y mediáticos han retomado esta interpretación para relativizar la magnitud del terrorismo de Estado o plantear lecturas simétricas del pasado, lo que reaviva tensiones en torno a la memoria colectiva.

A 50 años del golpe, la discusión sobre la teoría de los dos demonios no solo interpela la reconstrucción histórica, sino también el presente. Para amplios sectores, el eje ya no pasa por negar la existencia de violencia política en los años setenta, sino por establecer con claridad que lo ocurrido desde 1976 implicó la utilización del Estado como herramienta de represión ilegal, sistemática y masiva, una diferencia que resulta central para comprender el período y sostener los pilares de memoria, verdad y justicia.