En la madrugada de este jueves, Javier Milei decidió remover de su cargo a Diego Spagnuolo, hasta ahora director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se viralizaran audios comprometedores que lo señalan en un supuesto esquema de coimas en la adquisición de medicamentos.

El comunicado oficial habló de una medida “preventiva”, pero en los hechos se trata de un manotazo desesperado para frenar el impacto político del escándalo que golpea en uno de los sectores más sensibles: la discapacidad. La remoción se concretó horas después de que diputados opositores como Esteban Paulón y Leandro Santoro presentaran pedidos de interpelación en el Congreso.

En un intento de control de daños, el Gobierno anunció que la ANDIS pasará a depender del Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, hasta que se nombre un interventor. La justificación oficial habla de “garantizar el normal funcionamiento del organismo”, aunque en la práctica se trata de una jugada para correr del centro a un funcionario ya incinerado.

El caso Spagnuolo deja en evidencia la fragilidad y la improvisación de la gestión Milei: mientras el Presidente veta leyes que protegen a los más vulnerables, sus propios funcionarios aparecen señalados en manejos turbios con el dinero destinado a las personas con discapacidad. El contraste es brutal: ajuste para los de abajo y negocios oscuros para los de arriba.