En su tradicional Acordada de los jueves, los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvieron, en una votación ajustada de 3 a 2, declarar inconstitucional el Decreto 1.260 del Poder Ejecutivo provincial. La normativa había sido promovida por el oficialismo con el objetivo de limitar la cantidad de colectoras en los armados electorales del Interior, intentando acotar la dispersión de listas en los municipios.

La resolución del máximo tribunal genera un impacto político inmediato, dado que este sábado 12 vence el plazo para la presentación de candidaturas, y las alianzas locales tendrán ahora mayor flexibilidad para configurar sus boletas. En la práctica, se habilita la posibilidad de que las listas municipales puedan respaldar a uno o varios candidatos a Gobernador, desactivando así la intención del Gobierno de reducir esas alternativas.

El fallo, que marca un nuevo escenario de cara a los comicios del 31 de agosto, fue recibido con satisfacción en varios espacios políticos, que interpretan la decisión como una defensa de la autonomía de los municipios y de la amplitud democrática en el armado de frentes.

La cuestión de las colectoras, un tema sensible en la política correntina, vuelve así al centro de la escena, mientras los distintos sectores ultiman los detalles de sus listas y estrategias electorales.