La reestructuración de la Policía Federal Argentina (PFA), oficializada a través del Decreto 383/2025, generó controversia en distintos sectores, especialmente por la incorporación del ciberpatrullaje como una de las funciones prioritarias de la fuerza. El nuevo Estatuto, de once páginas, habilita a los agentes a realizar tareas de prevención del delito en entornos digitales de acceso público, como redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de autorización judicial previa.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 6°, inciso 11, que faculta a la PFA a recolectar datos en redes con fines preventivos. Si bien el decreto aclara que las acciones deberán respetar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales, diversas voces manifestaron su preocupación por el posible uso indebido de estas herramientas.

La exministra de Seguridad Sabina Frederic fue una de las primeras en pronunciarse: “En este Gobierno es difícil pensar que van a usar el ciberpatrullaje para prevenir delitos”, expresó en una entrevista radial, poniendo en duda la transparencia del uso de esta herramienta en el actual contexto político.

Los detractores señalan que, si bien el decreto menciona que el accionar deberá ceñirse a los límites de la Ley de Inteligencia —la cual prohíbe la vigilancia sobre opiniones políticas, sociales o económicas de los ciudadanos—, en la práctica existe el riesgo de que se terminen calificando como delitos ciertas expresiones u opiniones personales, vulnerando garantías constitucionales.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es anticipar delitos como grooming, trata de personas, narcotráfico y estafas digitales, y que todo se hará “siguiendo pautas de la autoridad competente”. En ese marco, se buscará detectar patrones de conducta como la compraventa de armas, objetos robados o engaños en redes que puedan derivar en otros delitos.

No obstante, la implementación genera inquietud entre especialistas, juristas y referentes de derechos humanos, quienes exigen mayor claridad sobre los controles y límites del accionar policial en el espacio digital, así como mecanismos efectivos de supervisión para evitar abusos.

El debate está abierto, y la sociedad vuelve a preguntarse hasta dónde debe llegar la prevención del delito cuando el terreno a patrullar es la virtualidad, y los límites, muchas veces, se confunden con el derecho a pensar, opinar y expresarse libremente.