Economía: Crisis financiera y deuda sin freno: radiografía de un sistema pensado para el capital especulativo
12/08/2025
Desde el Rodrigazo hasta el actual “Plan Quirno”, la Argentina transitó un camino que debilitó al crédito productivo y concentró el sistema financiero. Hoy, la deuda interna y externa condiciona el futuro económico del país.
La historia
económica argentina registra un punto de quiebre con el Rodrigazo de 1975,
cuando la devaluación del 160% y el estallido inflacionario consolidaron al
dólar como refugio de valor. Antes de ese episodio, el sistema financiero,
regulado por el Banco Central, cumplía un rol clave en canalizar el ahorro
hacia créditos para la producción, el consumo y la vivienda.
En 1974, existían 823 entidades financieras —muchas
cooperativas y cajas de crédito— y los préstamos al sector privado
representaban el 43,5% del PIB. Esa estructura comenzó a desmantelarse con la
Ley de Entidades Financieras de 1977, impulsada por la dictadura militar, que
liberalizó las tasas de interés y permitió que los bancos orientaran los
depósitos hacia actividades de mayor rentabilidad inmediata, muchas veces
vinculadas a la especulación y la fuga de divisas.
Casi medio siglo después, el sistema es más
concentrado que nunca: nueve bancos privados y el Banco Nación concentran el
70% de los depósitos, pero el crédito al sector privado apenas alcanza el 11%
del PIB. Gran parte de esos fondos se destinan a financiar deuda pública, no a
la economía real.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei incrementa
la colocación de títulos para cubrir un gasto que ya no puede seguir ajustando
sin colapsar servicios. La deuda en pesos ronda los 465.000 millones de dólares
equivalentes, con vencimientos concentrados en los próximos meses y tasas de
hasta el 65% anual, muy por encima de la inflación proyectada.
El “Plan Quirno”, diseñado para llegar a las
elecciones de octubre, combina intervenciones cambiarias, emisión de deuda en
dólares y uso de activos estatales como garantía. Para economistas críticos, es
un esquema que repite un patrón histórico: endeudarse a corto plazo, privatizar
activos públicos y comprometer recursos estratégicos para pagar obligaciones
que nunca fueron auditadas.
En este contexto, advierten que el costo político y
social de este modelo se hará sentir más allá del calendario electoral, con un
país que sigue hipotecando su capacidad productiva en favor del capital
financiero.
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