Economía: El gobierno de Javier Milei, atrapado entre la falta de dólares, la deuda creciente y el ajuste
10/07/2025
Pese a los millonarios desembolsos del FMI y el Banco Mundial, la gestión de Milei enfrenta una crítica falta de divisas para afrontar los vencimientos de deuda. Mientras el ajuste impacta en salarios, jubilaciones y obra pública, la economía real se deteriora y se agigantan las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.
La administración de Javier Milei atraviesa un
momento financiero delicado y sin salida visible. Aunque en abril recibió un
desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario
Internacional y 1.300 millones más del Banco Mundial, la falta de dólares sigue
siendo el principal obstáculo para cumplir con los compromisos de deuda externa
y sostener un mínimo de estabilidad económica.
La fecha clave es el 9 de julio de 2025, cuando el
país deberá enfrentar vencimientos de capital e intereses por 4.500 millones de
dólares con el FMI y bonistas privados. Sin embargo, la imposibilidad de
incrementar las reservas internacionales —que, descontando préstamos, swaps con
China y encajes bancarios, se mantienen en terreno negativo— agrava el
panorama. La propia meta de aumentar en 4.700 millones de dólares las reservas
antes del 13 de junio no se cumplió, y los números del primer cuatrimestre
mostraron un déficit externo que ya duplica las previsiones anuales acordadas
con el FMI.
Mientras tanto, el ajuste fiscal se profundiza a
costa de recortes en jubilaciones, subsidios, transferencias a provincias y la
paralización casi total de la obra pública, incluyendo el mantenimiento básico.
A pesar de haber logrado un superávit de caja, el gobierno financia los
intereses de la deuda con nuevos endeudamientos, lo que incrementa su peso y
compromete aún más la capacidad de pago. Las tasas de interés se dispararon
mientras la actividad económica se resiente por la caída del consumo y la
licuación de los ingresos de los trabajadores y jubilados.
A esta grave situación se suman los litigios
judiciales internacionales, como el caso YPF en Nueva York, donde una jueza
falló en contra de la Argentina por 16.100 millones de dólares, en favor del
fondo Burford Capital. Este caso, vinculado a la familia Eskenazi, expone no
solo los conflictos de intereses dentro del propio gobierno —que designó a un
abogado vinculado con la parte demandante— sino también la sumisión de
Argentina a tribunales extranjeros, sin plantear defensas jurídicas de fondo ni
acciones soberanas.
El gobierno sostiene que la única salida es persistir
en la “disciplina fiscal”, pero detrás de ese relato se esconde una creciente
transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grandes grupos
económicos y financieros. Los precios de alimentos, medicamentos, transporte y
energía se disparan sin control, mientras las tasas de interés asfixian a las
pymes y a los consumidores.
En este contexto, muchos advierten que detrás del
ajuste brutal y el endeudamiento creciente se esconde la intención de
condicionar a la Argentina a entregar sus recursos naturales —Vaca Muerta,
litio, oro, cobre— como garantía o moneda de cambio de una deuda que no cesa de
crecer.
La verdadera oposición, sostienen algunos sectores,
no está en los partidos sino en los jubilados, los trabajadores, los pequeños
empresarios y los desocupados, quienes sufren las consecuencias sin voz ni
representación política. Crece el planteo de que el caso YPF debería someterse
a un referéndum nacional para decidir si la Argentina debe aceptar o rechazar
un fallo que compromete el patrimonio de toda la Nación.
Mientras tanto, el gobierno de Milei juega su
suerte a llegar como sea a las elecciones parlamentarias de octubre, apostando
al desánimo social, a la resignación y a una economía que se sostiene en la
bicicleta financiera, sin un horizonte claro de crecimiento ni de justicia
social.
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