En la Argentina del siglo XXI, unos pocos se reparten la tierra, exportan carne sin control y pagan menos impuestos que un jubilado.
La concentración de la tierra y del negocio
ganadero en Argentina no es una novedad. Lo que indigna es su continuidad.
Desde la época de las vaquerías coloniales, el Estado promovió —y sigue
promoviendo— la riqueza de unos pocos, financiada con recursos de todos. Nunca
hubo una política pública seria que impulse un emprendimiento estatal ganadero.
La producción quedó en manos privadas, mientras el conocimiento científico
generado por organismos públicos se traduce en renta para terratenientes y
exportadores.
Los datos son elocuentes: apenas el 0,89% de los
propietarios rurales detenta el 33,89% de la superficie agrícola, según el ya
desactivado Registro Nacional de Tierras Rurales. Y 1.200 titulares —muchos
extranjeros o radicados en guaridas fiscales— concentran más de 26 millones de
hectáreas.
¿Y los impuestos? La recaudación por tierras
rurales no llega ni al 0,5% del PBI. Se tributa más por patentes de autos que
por hectáreas de las tierras más fértiles del planeta. A esto se suma una
evasión feroz: frigoríficos denunciados por exportar carne “no apta para
consumo” cuando en realidad era premium; ventas declaradas a la baja; uso de
matarifes como pantalla. Todo con la complicidad de estudios contables, bancos
y autoridades que miran para otro lado.
El Consorcio ABC, que maneja el 80% de las
exportaciones de carne vacuna, también domina el mercado interno. Las reglas
las pone un puñado de frigoríficos con terminales en los Braun, Riusech,
Marfrig, Coto y Costantini. Deciden cuánto exportan, cuánto queda y cuánto
pagamos por cada corte. Y ahora, gracias a Milei, tienen vía libre para
exportar incluso los cortes populares que antes se reservaban para el consumo
nacional.
¿Resultado? Consumo interno de carne al nivel más
bajo desde 1920. Y una jubilación mínima que no alcanza ni para 30 bifes.
La “libertad” de unos pocos es el hambre de muchos.
El Estado debe dejar de ser cómplice y empezar a ser actor. Crear empresas
testigo, castigar la cartelización y recuperar el control de la cadena
alimentaria. Porque no se puede vivir dignamente cuando la comida es privilegio
y no derecho.
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