Un presunto caso de corrupción sacude a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tras la adjudicación de contratos de limpieza que, según denuncias del sector, implicaron sobrefacturación superior a $2.000 millones.

La empresa La Mantovana obtuvo la limpieza de oficinas de Anses en las regiones Norte, Noreste y Noroeste. Inicialmente ofertó casi $10.000 millones anuales, pero luego redujo su propuesta casi un 40% tras la competencia de otra firma. Aun así, terminó adjudicándose el contrato por $5,9 mil millones, pese a que la empresa Ezca había presentado una oferta de $4,4 mil millones, lo que implicaría un sobreprecio inicial de $1.500 millones.

Además, se cuestiona el esquema de prestación del servicio. Fuentes del sector aseguran que el negocio radicaría en cotizar el 100% del servicio pero brindar hasta un 40% menos, con menor cantidad de operarios que los exigidos en el pliego. En algunos casos, se denuncia que se facturan jornadas completas con dotaciones superiores a las realmente asignadas.

La otra firma involucrada es Linser, que obtuvo el contrato para el Conurbano bonaerense. En la licitación ofertó $3,8 mil millones, más del doble que Distribon, empresa que fue descalificada pese a cumplir el pliego. Finalmente, Linser redujo su oferta un 45% y se quedó con el contrato por $2,1 mil millones, lo que habría implicado un sobreprecio de $570 millones respecto de la propuesta original más baja.

Según estimaciones del sector, Anses habría pagado $850 millones en sobreprecios adicionales por el sobredimensionamiento del servicio. Un informe de la Sigen señala además que en 2024 el valor hora abonado a Linser aumentó 225,7%, casi el doble de la inflación del período. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, la empresa cobró $5.477.769.874,23 por sus servicios.

Linser pertenece a Luis “Chiche” Peluso, ex funcionario del entorno de Daniel Scioli. En el sector señalan presuntos vínculos políticos que habrían facilitado la continuidad de estos contratos durante distintas gestiones, incluyendo la actual administración nacional encabezada por Javier Milei.

Las denuncias apuntan también a presuntas irregularidades en otros organismos y a posibles conexiones con operadores políticos, en un contexto donde la transparencia en las contrataciones públicas vuelve a quedar bajo la lupa.

El caso podría derivar en investigaciones administrativas y judiciales para determinar responsabilidades y eventuales perjuicios al Estado.