Luego del recambio institucional que dejaron las elecciones provinciales y municipales de 2025, numerosos municipios de Corrientes quedaron expuestos a una crítica situación económica y financiera, marcada por la caída de ingresos, desbalances presupuestarios y problemas administrativos heredados de gestiones anteriores.

El escenario se da en un contexto nacional de reducción real de los fondos coparticipables, producto de la baja en la recaudación de impuestos nacionales como IVA y Ganancias. Esta merma impactó de lleno en las finanzas locales, altamente dependientes de las transferencias automáticas, dejando a muchas comunas sin margen para afrontar gastos corrientes como salarios, aguinaldos y servicios esenciales.

En respuesta a esta coyuntura, el Gobierno provincial debió adelantar fondos de coparticipación para asistir a los municipios, especialmente durante el cierre del año, aunque desde las intendencias advierten que se trata de medidas transitorias que no resuelven los problemas estructurales.

En el interior provincial ya se registraron declaraciones de emergencia económica y financiera, con casos emblemáticos donde las nuevas gestiones denunciaron cajas vacías, chequeras faltantes, deudas con proveedores y compromisos impagos. Algunas comunas incluso avanzaron en auditorías internas para revisar el manejo de fondos de los últimos años, mientras evalúan posibles acciones legales.

La crisis no solo es financiera: también se evidencian falencias administrativas y de control que complican la rendición de cuentas y la planificación. Como consecuencia, varios municipios debieron restringir obras públicas, suspender pagos y reordenar contratos, afectando la actividad económica local y la prestación de servicios a los vecinos.

Intendentes coinciden en que la fuerte dependencia de la coparticipación, sumada a la inflación y a la caída de la recaudación propia, expone la fragilidad de las economías municipales. En ese marco, reclaman mayor previsibilidad en el envío de fondos y una revisión del esquema de financiamiento local, para evitar que la crisis se profundice en los próximos meses.

Mientras tanto, la situación genera preocupación en comunidades donde el municipio es uno de los principales motores económicos, y donde cualquier ajuste repercute directamente en el empleo, la obra pública y la vida cotidiana de los habitantes.