La historia económica argentina registra un punto de quiebre con el Rodrigazo de 1975, cuando la devaluación del 160% y el estallido inflacionario consolidaron al dólar como refugio de valor. Antes de ese episodio, el sistema financiero, regulado por el Banco Central, cumplía un rol clave en canalizar el ahorro hacia créditos para la producción, el consumo y la vivienda.

En 1974, existían 823 entidades financieras —muchas cooperativas y cajas de crédito— y los préstamos al sector privado representaban el 43,5% del PIB. Esa estructura comenzó a desmantelarse con la Ley de Entidades Financieras de 1977, impulsada por la dictadura militar, que liberalizó las tasas de interés y permitió que los bancos orientaran los depósitos hacia actividades de mayor rentabilidad inmediata, muchas veces vinculadas a la especulación y la fuga de divisas.

Casi medio siglo después, el sistema es más concentrado que nunca: nueve bancos privados y el Banco Nación concentran el 70% de los depósitos, pero el crédito al sector privado apenas alcanza el 11% del PIB. Gran parte de esos fondos se destinan a financiar deuda pública, no a la economía real.

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei incrementa la colocación de títulos para cubrir un gasto que ya no puede seguir ajustando sin colapsar servicios. La deuda en pesos ronda los 465.000 millones de dólares equivalentes, con vencimientos concentrados en los próximos meses y tasas de hasta el 65% anual, muy por encima de la inflación proyectada.

El “Plan Quirno”, diseñado para llegar a las elecciones de octubre, combina intervenciones cambiarias, emisión de deuda en dólares y uso de activos estatales como garantía. Para economistas críticos, es un esquema que repite un patrón histórico: endeudarse a corto plazo, privatizar activos públicos y comprometer recursos estratégicos para pagar obligaciones que nunca fueron auditadas.

En este contexto, advierten que el costo político y social de este modelo se hará sentir más allá del calendario electoral, con un país que sigue hipotecando su capacidad productiva en favor del capital financiero.