La causa judicial en Santo Tomé sumó un elemento central: una pericia caligráfica concluyó que fue falsificada la firma de Héctor Silva en un documento incorporado al protocolo del escribano Héctor Ariel Debat. Ese instrumento habría sido utilizado para concretar la transferencia de un campo de 1000 hectáreas ubicado a la vera del río Uruguay.

El expediente, que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé, apunta a una operatoria en la que el inmueble pasó a manos de José Luis Inda y sus hijos, un grupo familiar que ya poseía tierras linderas, lo que refuerza las sospechas sobre la maniobra.

Uno de los datos más relevantes de la investigación es que nunca hubo entrega efectiva de posesión del campo. La propiedad continuó siendo explotada por Silva, quien —según surge de la causa— no tenía conocimiento de la supuesta venta. Tras su fallecimiento, el campo sigue bajo administración de sus herederas, lo que evidencia la irregularidad del traspaso.

La investigación también reconstruye movimientos previos que agravan el cuadro. En 2012, el escribano habría retirado un expediente sucesorio del juzgado de familia y lo retuvo durante 13 años, pese a reiteradas intimaciones para su devolución. Ese expediente contenía información clave, incluyendo firmas de los herederos, lo que le habría permitido acceder a elementos sensibles para la presunta falsificación.

En 2018, además, se habría autorizado un poder de venta atribuido a Silva cuando ya tenía su capacidad restringida, lo que derivó en nuevas transferencias del campo dentro del mismo grupo familiar. Todo esto sin que se registrara ocupación real del inmueble por parte de los supuestos compradores.

La causa también expone antecedentes del escribano en otro expediente por presunta circunvención de incapaces, donde se investigó el aprovechamiento de una persona con problemas de salud mental para la cesión de bienes. A pesar de pruebas médicas que indicaban una voluntad comprometida, ese caso terminó en absolución, lo que hoy vuelve a ser cuestionado.

Actualmente, el proceso continúa en instancias de apelación en la Cámara Penal de Corrientes, con demoras que generan sospechas de maniobras dilatorias. Los denunciantes sostienen que el cúmulo de pruebas —pericias, antecedentes y movimientos documentales— configura un patrón de irregularidades que aún no encuentra una resolución definitiva.

Fuente: Diario 1588  Online