El gobierno de Estados Unidos inició una investigación comercial que incluye a Argentina y a otros 59 países, con el objetivo de determinar si las políticas o controles sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso resultan insuficientes y perjudican el comercio estadounidense.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que informó que las investigaciones se realizarán bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal utilizada para responder a prácticas comerciales consideradas injustas o discriminatorias.

Según el comunicado oficial, el proceso evaluará si los gobiernos extranjeros aplican de manera efectiva medidas para impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso, una práctica que Washington considera una distorsión del mercado internacional.

La lista de países bajo análisis incluye a los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, México, China, Japón, India, Rusia, los países de la Unión Europea y el Reino Unido.

Desde el gobierno estadounidense señalaron que la investigación busca determinar si la falta de controles permite que empresas extranjeras obtengan ventajas competitivas mediante costos laborales artificialmente bajos.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Lee Greer, sostuvo que durante años las empresas y trabajadores estadounidenses se vieron obligados a competir con productores extranjeros que podrían beneficiarse de prácticas laborales irregulares.

La investigación se produce además en un contexto de debate sobre la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, que buscaba imponer impuestos a las importaciones para reducir déficits comerciales y fortalecer la producción interna.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró recientemente ilegales varios de esos aranceles, al considerar que el Congreso es el único órgano con facultad para establecer impuestos, lo que abrió la puerta a nuevas estrategias comerciales por parte del gobierno.

En el marco del proceso abierto, los países involucrados podrán presentar comentarios y documentación hasta el 15 de abril de 2026, mientras que la audiencia pública está prevista para el 28 de abril.

La investigación también se apoya en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que alrededor de 28 millones de personas en el mundo se encuentran en situaciones de trabajo forzoso, principalmente en el sector privado.