El Gobierno nacional avanzó con la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye la Ruta Nacional 12 en toda su extensión en Corrientes y Misiones, abarcando más de 456 kilómetros estratégicos para el NEA. El esquema contempla la transferencia al sector privado de la operación, mantenimiento y explotación por peaje.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que el nuevo modelo repite “el error de los 90” y denunciaron que “no habrá obras nuevas”, pese al cobro de tarifas. Según el organismo, la contraprestación real por el peaje “no existe” si no se ejecutan mejoras concretas en la infraestructura.

El referente del comité, Ricardo Lasca, calificó la medida como una “nueva estafa” y sostuvo que podría ser “inconstitucional”, al afectar el libre tránsito y generar una supuesta doble imposición, ya que los usuarios financian las rutas mediante el impuesto a los combustibles.

Uno de los puntos más sensibles es que el nuevo esquema podría instalar peajes cada 100 kilómetros. En ese escenario, un camión llegaría a pagar cerca de 35.000 pesos por estación, lo que —según el CONADUV— dispararía los costos logísticos.

En provincias como Corrientes y Misiones, alejadas de los principales puertos y sin red ferroviaria activa, el impacto se trasladaría directamente a la cadena productiva y al consumidor final. “Automáticamente se incrementa el costo del transporte”, señalaron desde el organismo.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la concesión apunta a mejorar estándares operativos, promover inversión privada y fortalecer la seguridad vial, aunque la decisión abrió un fuerte debate en el sector productivo y entre los usuarios.