La política industrial del gobierno de Javier Milei atraviesa un fuerte cuestionamiento en el sector manufacturero, donde empresarios y cámaras advierten sobre un proceso de contracción que algunos ya definen como “industricidio”. La combinación de apertura comercial acelerada, tasas de interés elevadas y desplome del mercado interno configura un escenario complejo para producir en la Argentina.

El caso más resonante es el cierre de la planta de Fate, que implicó 920 despidos, aunque no es el único. Según datos oficiales, en diciembre la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8%, por debajo del 56,7% registrado un año antes. En sectores clave la situación es más crítica: la industria automotriz operó al 31,2% de su capacidad, los textiles al 35,2% y los productos de caucho y plástico al 33,4%.

El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero también reflejó caídas interanuales de dos dígitos en textiles, automotores, metalmecánica y caucho y plástico. En neumáticos, la producción se desplomó más de 50% interanual en diciembre. En paralelo, crecieron las importaciones del sector, aumentando la presión sobre las plantas locales.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo defendió la apertura comercial y cuestionó el proteccionismo, mientras que en el entorno oficial sostienen que “la mejor política industrial es la que no existe”. En ese marco, se cerró la Secretaría Pyme y se desmantelaron programas de crédito productivo y asistencia técnica.

Empresas como Whirlpool, Kimberly-Clark y Grupo Dass redujeron o cerraron operaciones en distintos puntos del país. En el sector alimenticio, la producción de carne vacuna cayó más de 7% interanual en diciembre y la molienda de oleaginosas retrocedió cerca de 11%. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, opera por debajo del 40% de su capacidad.

La Unión Industrial Argentina estimó que en los últimos 2 años se perdieron 65.000 puestos de trabajo industriales y expresó “gran preocupación” por el cierre de plantas. La entidad advirtió que la pérdida de empleo formal se está convirtiendo en un fenómeno estructural, con impacto directo en proveedores, logística y economías regionales.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la apertura reduce precios y beneficia al consumidor, el sector industrial alerta sobre un entramado productivo más reducido, menor generación de valor agregado local y creciente dependencia de bienes importados.

Por Juan Garriga (Pagina 12)