El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una nueva controversia tras la presentación de una denuncia penal ante la Justicia Federal impulsada por la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio.

La acusación también alcanza a su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, al canciller Pablo Quirno y a otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.

El eje del planteo judicial está en un contrato por $114 millones adjudicado sin licitación pública a la AACI para brindar cursos de inglés a diplomáticos, a través de la Cancillería. Según la denuncia, no se descarta un posible tráfico de influencias, dado que la entidad beneficiada es dirigida por la esposa del ministro.

A este caso se suma otro dato que generó polémica: el funcionario habría destinado $720 millones al alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera.

El escrito judicial identifica como coautores a distintos funcionarios que habrían intervenido en la contratación directa, incluyendo autoridades de la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería y responsables de áreas técnicas vinculadas a compras, asuntos jurídicos y transparencia.

Desde el entorno del presidente Javier Milei respaldaron al ministro y defendieron la contratación, argumentando que el vínculo con la AACI se remonta a 2018 y que la institución es una de las más reconocidas del país. Sin embargo, no hubo precisiones sobre la ausencia de un proceso de licitación pública ni sobre el esquema de alquiler de oficinas, en contraste con el programa oficial de “alquiler cero”.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades en el uso de fondos públicos.