El Sindicato del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo inició un paro de 48 horas en rechazo a la reforma laboral en debate en el Congreso, una medida que impacta directamente en la operatoria portuaria y en las exportaciones de granos.

La huelga comenzó a la medianoche de este miércoles y, según el gremio, afecta al menos 17 puertos del país, principalmente en la zona del Up River, entre San Lorenzo y Timbúes. La interrupción de tareas de amarre y desamarre de buques genera demoras en la carga y salida de productos, con efecto inmediato sobre el comercio exterior.

El secretario general del sindicato, Mariano Moreno, cuestionó el artículo 2° del proyecto con media sanción del Senado, al señalar que excluye al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo y lo remite a la Ley de Navegación. Según el dirigente, esto implica la pérdida de derechos laborales básicos y abre la puerta a la “monotributización” de la actividad.

La medida cuenta con el respaldo de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), que nuclea a 9 gremios del sector, y de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA). También adhirió el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), cuyo secretario general, Mariano Vilar, anticipó una movilización al Congreso.

Desde las entidades sostienen que excluir a la Marina Mercante de la legislación laboral general debilita la protección jurídica de los trabajadores y podría generar impactos operativos en la logística portuaria. Además, advirtieron que, de consolidarse la reforma en los términos actuales, se pondrían en riesgo convenios colectivos, estabilidad laboral y garantías frente a posibles abusos patronales.

Datos oficiales del sector indican que el 100% del personal marítimo y fluvial se encuentra registrado, debido a los controles en los registros de embarcación. Los gremios aseguran que el cambio normativo transformaría una actividad formal en un esquema de acuerdos individuales bajo el Código Civil y Comercial.

La protesta se da en coincidencia con el tratamiento legislativo de la reforma y, de extenderse o profundizarse, podría generar mayores demoras en la cadena exportadora.