Una parte significativa de los municipios de Corrientes atraviesa un escenario financiero crítico, marcado por el sobregasto registrado durante el último año electoral y por la caída de los recursos enviados desde Nación y la Provincia. En este contexto, varias intendencias buscan evitar el default mediante la emisión de bonos de deuda, mientras crece la preocupación por la imposibilidad de afrontar gastos básicos.

El gobernador Juan Pablo Valdés fue consultado sobre la relación con la Casa Rosada y sostuvo que confía en que el presidente Javier Milei “en algún momento va a decir exactamente cuál es el plan para salir adelante”. Cabe recordar que los legisladores nacionales por Corrientes acompañaron con su voto el Presupuesto Nacional 2026, aunque hasta ahora la provincia no recibió definiciones favorables en temas clave como la reactivación de la obra pública o la situación del Instituto de Previsión Social.

Desde la oposición advierten que la reducción de fondos no es una sorpresa y que el problema no se limita al ajuste nacional. Un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación respaldó esa visión al revelar un déficit acumulado de $180.000 millones en las cuentas provinciales durante los últimos tres trimestres, lo que expone una fragilidad fiscal que obliga a aplicar recortes y reordenamientos.

En Paso de la Patria, la nueva gestión declaró la emergencia económica y financiera hasta diciembre de 2026 tras encontrar la caja en cero y detectar presuntas irregularidades graves en la transición. En Gobernador Virasoro, se suspendieron pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y se decidió vender como chatarra motocicletas secuestradas para obtener ingresos mínimos.

La crisis también golpea a Mburucuyá, donde el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras y el intendente Edgard Galarza Florentín denunció vaciamiento de cuentas, deudas ocultas y documentación faltante. En Mercedes se presentó una denuncia penal contra la gestión anterior y se anunciaron recortes para sostener el funcionamiento básico, mientras que en Santa Rosa la pérdida de talonarios de cheques y transferencias realizadas hasta el último momento derivaron en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman Corrientes capital, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas dejaron compromisos financieros difíciles de asumir. La situación llevó incluso a que la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, suspendiera la Fiesta Nacional de la Naranja para priorizar el pago de servicios esenciales.

En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios anticipan que deberán recurrir al auxilio del Gobierno provincial para poder cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos, en un escenario que combina ajuste nacional, recesión y desorden administrativo heredado.

Fuente: Norte de Corrientes digital