El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual se modifica la Ley de Inteligencia y se reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgándole mayores atribuciones y concentrando el control del sistema nacional de inteligencia. La medida, que no fue debatida en el Congreso de la Nación, provocó un amplio rechazo político y sindical.

Con el nuevo esquema, la SIDE pasa a ser el órgano principal del sistema de inteligencia. En ese marco, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y se transfieren bienes, derechos y obligaciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Uno de los aspectos más cuestionados del decreto es que habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en el desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o por requerimiento judicial, además de permitir acciones de carácter encubierto. Para sectores de la oposición, estas facultades representan un riesgo para las garantías constitucionales. “Todos somos sospechosos y espiados”, afirmó el diputado Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica-ARI.

Las críticas también se extendieron a las organizaciones sindicales. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), integrante de CTERA y la CTA, sostuvo que el DNU “dictado sin necesidad ni urgencia, vulnera el debate democrático” y constituye un “gravísimo retroceso de las libertades individuales”. En el mismo sentido se pronunciaron la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Desde ATE advirtieron que la reforma implica “un nuevo ataque a los derechos humanos y las garantías constitucionales”, mientras que ATUN informó el rechazo de la CGT nacional a la medida. El DNU volvió a instalar el debate sobre los límites del poder presidencial y el control democrático de los organismos de inteligencia.