A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976, el senador provincial Noel Breard (UCR)
publicó una reflexión sobre el modo en que la democracia argentina enfrentó su
pasado reciente y el significado histórico del Juicio a las Juntas realizado en
1985.
En su análisis, Breard señaló que los hechos centrales vinculados al
terrorismo de Estado ya fueron investigados, probados y juzgados por la propia
democracia, en referencia al histórico fallo dictado el 9 de
diciembre de 1985 por la Cámara Federal en la causa 13/84, que
condenó a los comandantes del régimen militar.
Según el legislador, aquel proceso judicial estableció un
límite moral y jurídico que la República no puede volver a cruzar,
al fijar el principio de que el Estado puede defenderse de la violencia, pero nunca hacerlo
violando la ley.
Breard recordó que el juicio fue posible gracias a la decisión
política del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien al asumir en diciembre de
1983 firmó los decretos 158/83 y 157/83, que ordenaron el
juzgamiento de las Juntas Militares y la persecución penal de las cúpulas de
organizaciones armadas que habían actuado durante la década de 1970.
Durante el proceso judicial declararon centenares de testigos y se incorporaron documentos de
distintos países, lo que permitió reconstruir el funcionamiento
de un
sistema clandestino de secuestros, centros de detención, torturas y
desapariciones.
En esa reconstrucción tuvo un papel central el trabajo de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que en 1984 presentó
el informe “Nunca Más”, donde se documentaron 8.961
desapariciones forzadas, aclarando que la cifra permanecía
abierta por el carácter clandestino del sistema represivo.
El senador también sostuvo que el debate sobre la cantidad de
desaparecidos no
altera la naturaleza del crimen, y recordó los aportes teóricos
de pensadores como Hannah Arendt y Carlos Santiago Nino, quienes
analizaron las implicancias éticas y jurídicas de los crímenes cometidos desde
el aparato estatal.
En ese sentido, Breard afirmó que una democracia fundada sobre la
impunidad sería una democracia frágil, por lo que la decisión
de juzgar a los responsables de la dictadura fue una obra política
y moral decisiva para consolidar el sistema democrático argentino.
Finalmente, sostuvo que el proceso judicial permitió construir uno
de los consensos más importantes de la vida institucional del país: el principio
del “Nunca Más”, entendido como el compromiso de que la defensa
del orden democrático debe ser siempre legal, pública y transparente, nunca
clandestina ni fuera de la ley.









