El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, vetó la ley que habilitaba la modalidad de trabajo remoto para los agentes de la administración pública provincial. La decisión se formalizó el pasado 17 de diciembre, a través del Decreto N°42, apenas siete días después de haber asumido el Poder Ejecutivo.

La medida dejó sin efecto la Ley N°6.740, sancionada recientemente por la Legislatura provincial, que incorporaba el artículo 59 bis a la Ley N°4.067. La norma facultaba a los titulares de los organismos públicos a disponer, mediante resolución fundada y previo acuerdo con el trabajador, la modalidad de trabajo remoto, dispensándolo de cumplir tareas presenciales.

Si bien el decreto no detalla de manera explícita los fundamentos del rechazo, desde el Ejecutivo se deslizó que la decisión responde a que aún no están dadas las condiciones técnicas necesarias dentro de la administración pública para avanzar con la implementación del teletrabajo.

La postura del Gobierno provincial contrasta con los argumentos expresados por diputados y senadores al momento de sancionar la ley. En el texto aprobado, los legisladores sostuvieron que el Poder Ejecutivo viene desarrollando planes y proyectos de modernización administrativa, orientados a adecuar la estructura y el funcionamiento del Estado a criterios de racionalidad, eficiencia y modernización, en línea con las exigencias actuales.

De este modo, el veto reabre el debate sobre la modernización del Estado provincial y la posibilidad de incorporar nuevas modalidades laborales, en un contexto donde el trabajo remoto ya es una práctica extendida en distintos ámbitos del sector público y privado.