La Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral de la provincia de Corrientes rechazó el recurso presentado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y confirmó en todos sus términos la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 4, que ordenaba refacturar las boletas de luz de familias del barrio Popular bajo el régimen de Tarifa Social.

La resolución judicial representa un hito dentro de un extenso proceso iniciado en 2019 por más de 4.500 vecinos en situación de vulnerabilidad, quienes habían recibido facturaciones excesivas a pesar de cumplir con los requisitos para acceder a la Tarifa Social Eléctrica Correntina. Ante la falta de respuestas de la Dpec y el riesgo inminente de cortes de servicio, los usuarios presentaron una acción de amparo que fue resuelta favorablemente en marzo de 2025.

La empresa estatal apeló la decisión, pero la Cámara ratificó la sentencia inicial. Las juezas María Herminia Puig y Martha Helia Altabe destacaron en su fallo que la condición de vulnerabilidad de los demandantes estaba plenamente acreditada mediante informes sociales, y que la refacturación de los períodos reclamados resultaba razonable y necesaria para garantizar el acceso a un servicio esencial como la energía eléctrica.

“El fallo abre un camino de esperanza para miles de correntinos”, señaló el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, representante legal de las familias. Afirmó que la decisión de la Justicia “envía un mensaje claro de que la energía eléctrica es un derecho esencial y que la vulnerabilidad social no puede ser ignorada por ningún organismo del Estado”.

En la sentencia, la Cámara también rechazó los planteos de la Dpec que alegaban arbitrariedad, incongruencia y una supuesta invasión de competencias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, las magistradas sostuvieron que en casos de extrema vulnerabilidad, el recurso de amparo es una herramienta válida para garantizar la efectiva tutela de derechos constitucionales.

La resolución llega en un momento particularmente sensible, cuando la provincia vuelve a aplicar fuertes aumentos tarifarios que golpean el bolsillo de los hogares. Para Cubilla Podestá, este fallo “refuerza la expectativa de que la Cámara también abra el camino para avanzar con las demandas colectivas que representan a miles de usuarios”. El expediente más amplio, que agrupa reclamos de más de 4.500 correntinos, aún está en revisión ante la misma Cámara.

En medio de cuestionamientos por falta de inversión, subas sostenidas en las tarifas y reclamos de mayor sensibilidad social por parte del Estado, el fallo judicial se convierte en un precedente clave en la defensa del derecho al acceso a los servicios esenciales.