La ofensiva, considerada el mayor golpe en la historia del Comando Vermelho desde su fundación en los años setenta, movilizó unidades del Bope, la Policía Civil y la Militar. Según el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, se incautaron 118 armas y fueron detenidas 113 personas, además de registrarse una importante pérdida de droga y armamento para la organización criminal.

El secretario de la Policía Militar, Marcelo Menezes, explicó que la estrategia consistió en instalar un cordón de tropas de élite en la Serra da Misericórdia, formando un “muro” en la vegetación que servía como ruta de escape. “Nuestro objetivo principal era proteger a las personas de bien de la comunidad. La mayor parte del enfrentamiento ocurrió en el área de mata”, afirmó.

Mientras tanto, el gobernador Cláudio Castro reiteró que “las únicas víctimas fueron los policías”, y rechazó las críticas del Gobierno federal. Tras reunirse con gobernadores aliados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás y otros estados, sostuvo que “Río mostró un duro golpe contra la criminalidad” y pidió “no politizar” la tragedia. “O se suman, o se van”, declaró en respuesta a los cuestionamientos por el número de muertos y la falta de coordinación nacional.

En los barrios del Alemão y la Penha, la realidad es otra. Vecinos denunciaron la presencia de decenas de cuerpos trasladados por la comunidad hacia la plaza São Lucas, mientras las morgues y el Instituto Médico Legal trabajaban en la identificación de las víctimas. Organizaciones humanitarias alertaron sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

A pesar de las escenas de guerra urbana, Castro insiste en que la operación “marcará un nuevo momento” en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en Río de Janeiro vuelve a resonar una pregunta amarga: ¿hasta qué punto la guerra contra las facciones criminales justifica el precio humano que se cobra en las favelas?