El Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, ordenó este lunes 5 de mayo el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exgobernador Ricardo Horacio Colombi, en el marco de una causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, evasión agravada, falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita.

La resolución judicial se adoptó luego de dos años de planteos procesales presentados por la defensa del exmandatario, que habían dilatado el avance del expediente. Junto a Colombi también están imputados Hernán Marcelo Laslo y María Helena Hadad, acusados de actuar como presuntos testaferros en la adquisición irregular de propiedades realizadas entre 2006 y 2007.

Según la hipótesis fiscal, dichas operaciones habrían sido facilitadas mediante simuladas donaciones que encubrían el verdadero origen de los fondos. Las nuevas medidas apuntan a analizar a fondo los movimientos bancarios y el perfil patrimonial de los involucrados para determinar si existió una estructura destinada a ocultar el enriquecimiento ilícito.

La causa, además, está vinculada a la investigación sobre la financiera ilegal Pyramis, donde también figuran como investigados el actual presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, y su hijo, tras el hallazgo de fondos a su nombre durante allanamientos recientes. La Justicia sospecha que Pyramis pudo haber sido utilizada como plataforma para el lavado de activos y otras maniobras irregulares que beneficiarían a distintos actores políticos.

El expediente estuvo paralizado durante un largo tiempo, hasta que en abril de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó su reactivación en el fuero federal. La máxima instancia judicial anuló una resolución del Juzgado de Paso de los Libres que intentaba derivar el caso a la justicia provincial.

Con la decisión del juez Vallejos de levantar el secreto fiscal y bancario, se abre una nueva etapa en la causa, que ahora avanza con el respaldo de los principales órganos judiciales del país. El acceso a información financiera clave será determinante para esclarecer los hechos y confirmar si existió un entramado organizado de corrupción en la administración pública correntina.