El proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía y regular
las apuestas online en Argentina atraviesa un momento decisivo.
La iniciativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre
de 2024, podría
perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si el
Senado no avanza con su tratamiento.
Identificado como CD-26/24, el expediente permanece detenido en las
comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales,
presididas por los senadores Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán
Coraita, respectivamente.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las
comisiones no convocaron a emitir dictamen, lo que mantiene
paralizado el tratamiento de la iniciativa.
Uno de los principales puntos de conflicto es el alcance de las
restricciones que propone la ley. El texto contempla prohibir la
publicidad de apuestas online, los patrocinios deportivos y los bonos de
bienvenida, herramientas utilizadas por las plataformas para
captar nuevos usuarios.
Desde el Gobierno consideran que estas medidas podrían afectar las
libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias provinciales.
Por su parte, sectores de la oposición cuestionan la influencia de las grandes
empresas del juego online en la discusión parlamentaria.
El negocio de las apuestas
digitales mueve miles de millones de dólares anuales en Argentina.
Según las estimaciones citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el volumen
económico del sector alcanzaría al menos 2.500 millones de dólares por año.
Además, la actividad genera importantes ingresos fiscales. Durante los
primeros 8 meses de 2026, el impuesto indirecto a las apuestas online aportó
106.601 millones de pesos, de acuerdo con los datos difundidos.
El fútbol argentino también podría verse afectado por las
restricciones, debido a los contratos publicitarios que mantienen diferentes
empresas de apuestas con clubes, torneos y organizaciones deportivas.
Mientras tanto, organizaciones sindicales, sectores de la Iglesia y dirigentes
políticos reclaman que el Senado avance con el debate, al
considerar necesario fortalecer la prevención de la adicción al juego y
proteger especialmente a niños y adolescentes.
Las 2 centrales de trabajadores CTA cuestionaron las demoras
legislativas y advirtieron sobre las consecuencias sociales y económicas que
puede generar la expansión de las apuestas.
El 30 de noviembre aparece como
una fecha clave: si no se concreta el tratamiento parlamentario, el proyecto
perdería vigencia legislativa y debería iniciarse nuevamente el procedimiento
correspondiente.









