El Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales como parte de un plan de "ahorro y reorganización". Las sedes de Goya y Oberá estarían entre las afectadas. Empleados en incertidumbre.
En la tarde del
martes 24 de junio, el Banco de la Nación Argentina informó oficialmente el
cierre de 60 sucursales en distintas provincias del país, con un objetivo
declarado de ahorrar más de $1.000 millones. La medida forma parte del
"Plan Estratégico 2024-2027", en línea con la política de ajuste
impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En el nordeste
argentino, las sucursales de Goya, en la provincia de Corrientes, y de Oberá,
en Misiones, figuran entre las que podrían cesar sus operaciones en el marco de
este proceso de "reestructuración". El anuncio genera preocupación
entre los empleados, cuyo futuro laboral aún no está del todo definido. Si bien
se contempla la jubilación anticipada para quienes estén en condiciones, se
prevé el traslado de otros trabajadores a sedes cercanas que continúen
funcionando.
La entidad que
conduce Daniel Tillard explicó que la reducción de 769 a 709 sucursales ya
permitió un ahorro inmediato de $139 millones, cifra que proyectada para el
resto del año alcanzaría los $836 millones. Además, se anticipa un recorte de
$180 millones en concepto de alquileres de inmuebles.
El Banco Nación
también informó una readecuación de sus Gerencias Zonales, reduciendo su número
de 33 a 29, basándose en criterios de segmentación económica definidos por el
INDEC. Según voceros de la entidad, estas decisiones responden a un enfoque de
“eficiencia, transparencia y fortalecimiento estratégico” en el marco de una
transformación estructural.
En un tono
alineado con el discurso del oficialismo, desde el Banco Nación remarcaron que
estos cambios se enmarcan en una promesa de "inflación cero",
acompañada de mayor oferta de créditos y la transformación del banco en una
sociedad anónima.
El cierre de
sucursales en zonas del interior profundo, donde muchas veces el Banco Nación
es la única entidad financiera presente, despierta cuestionamientos desde
distintos sectores. Mientras se destacan los supuestos beneficios económicos
del plan, crece la incertidumbre entre empleados y comunidades que podrían
quedar sin acceso directo a servicios bancarios esenciales.
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