En un discurso por cadena nacional, el Presidente avaló la postura británica sobre el derecho a la autodeterminación de los isleños, contradiciendo la Constitución y el reclamo histórico de Argentina. Excombatientes y dirigentes de distintos espacios repudiaron sus palabras.
En el marco del aniversario de la
Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei generó una fuerte polémica al
desconocer el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas, postura sostenida
por el país y respaldada por Naciones Unidas desde 1965. En su mensaje, avaló
la posición británica sobre el derecho a la autodeterminación de los isleños y
justificó la falta de avances en la recuperación del territorio colonizado por
el Reino Unido en la supuesta decadencia de Argentina.
Las reacciones no tardaron en
llegar. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó su discurso
como una "traición" y lo acusó de "cipayo", al igual que
diversos referentes de la causa Malvinas. El presidente de la UCR, Martín
Lousteau, advirtió que "atenta contra el reclamo legítimo de Argentina y
es un insulto a los excombatientes", mientras que los exsecretarios de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur alertaron sobre los riesgos diplomáticos
que implica esta postura.
Excombatientes también cuestionaron
la exclusión de muchos de ellos del acto oficial realizado en el cenotafio de
la Plaza San Martín, donde solo un grupo selecto de veteranos pudo participar.
Fabián Volonté, exsoldado en la guerra, lamentó: “Nosotros fuimos los
protagonistas y nos dejaron afuera”.
En tanto, la vicepresidenta
Victoria Villarruel, quien no fue invitada al acto oficial, viajó a Ushuaia y
marcó distancia con el discurso del Presidente, llamando a “un proceso de
malvinización” y alertando sobre el saqueo de los recursos naturales en el
Atlántico Sur.
La controversia abierta por las
declaraciones de Milei marca un punto de quiebre en la postura histórica de
Argentina sobre Malvinas y abre interrogantes sobre el futuro del reclamo
soberano ante la comunidad internacional.
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La Cámara Alta rechazó por amplia mayoría las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, poniendo freno a la estrategia del Ejecutivo de designar jueces por decreto. Desde la Casa Rosada denuncian una maniobra "anticasta" para obstruir el futuro del país.
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